Al menos 900 detenidos por protestas postelectorales están recluidos en la cárcel de Tocorón

Al menos 900 detenidos por protestas postelectorales están recluidos en la cárcel de Tocorón

EFE

 

Un aproximado de 900 personas se encuentran actualmente recluidas en el centro penitenciario de Tocorón, estado Aragua, tras haber sido detenidas en las protestas ciudadanas que estallaron en rechazo a los resultados de las últimas elecciones presidenciales en el país.

lapatilla.com

Las manifestaciones surgidas como respuesta a la inconformidad popular ante lo que muchos consideran un fraude electoral, han sido objeto de represión, resultando en el encarcelamiento de cientos de ciudadanos acusados de terrorismo, traición a la patria y por vulnerar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Los familiares de los detenidos y diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que estas personas, quienes ejercieron su derecho a la protesta pacífica, han sido trasladadas a Tocorón por razones políticas y los mantienen en condiciones que atentan contra su dignidad y sus derechos humanos básicos.

Además, se conoció que muchos de los reclusos están en un estado crítico de salud física y mental, debido a la prohibición de visitas familiares y la falta de atención médica adecuada.

Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estos encarcelamientos violan derechos fundamentales de los ciudadanos. El artículo 68 garantiza el derecho a la protesta pacífica sin armas y prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para disolver manifestaciones.

Asimismo, el artículo 57 resguarda la libertad de expresión, y el artículo 23 establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevalecen en el país, prohibiendo la detención y represión por razones políticas.

En este sentido, defensores y abogados argumentan que los cargos de terrorismo y traición a la patria carecen de fundamento en este contexto y buscan justificar una represión desproporcionada.

Además, el artículo 49 de la Constitución establece el derecho al debido proceso, garantizando que toda persona debe conocer las razones de su detención y contar con un juicio justo y sin dilaciones indebidas, normas que, aseguran, no se han respetado en estos casos.

Tocorón es tristemente reconocido por sus condiciones precarias y la falta de servicios básicos adecuados. Desde la llegada de estos nuevos detenidos, familiares y representantes de ONG han alertado sobre el hacinamiento, la falta de higiene, así como la carencia de alimentos y agua potable en el penal, lo que aumenta el riesgo de enfermedades y agrava los problemas de salud física y mental de los reclusos.

“Están completamente aislados de sus familias, sin acceso a una defensa adecuada y en condiciones que afectan gravemente su salud mental”, señaló un activista de derechos humanos.

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