Sus amigos se lo advirtieron. Le dijeron que no aceptara la oferta, que pagaría un alto precio, que aquello le pasaría factura. Pero contra todas las advertencias, el joven abogado Edward Miguel Briceño Cisneros decidió dar un paso al frente y aceptar la encomienda: ponerse al servicio de la autodenominada Revolución Bolivariana y juzgar en su nombre actos de terrorismo que, para el chavismo, tienen una definición más amplia que la tradicional, hasta abarcar cualquier disidencia o actividad opositora.
Hoy se desempeña como Juez Especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con Jurisdicción sobre Terrorismo, parte del circuito postizo de tribunales de terrorismo que cobró protagonismo tras la ola represiva emprendida por el régimen de Nicolás Maduro para acallar las protestas, luego del zarpazo electoral del 28 de julio.
Sin rostro público aunque no llevara capucha, desconocido entre muchos profesionales del foro, una reciente historia de Armando.info que perfilaba a otros cuatro colegas suyos en la jurisdicción antiterrorista, tuvo que conformarse con decir, tras una reportería infructuosa, que Briceño “ha sabido hacerse de un bajo perfil a prueba de escrutinio”.
Pero ese bajo perfil no respondía a una precaución estratégica de su parte. Solo era consecuencia natural de una carrera gris dentro del sistema judicial venezolano. Ahora se sabe que viene de la nada.
Briceño, por lo demás, se ocupó de atraer todas las miradas y borrar la incógnita sobre su figura el pasado 2 de septiembre. Entonces firmó con un garabato denso e ininteligible, superpuesto al renglón donde su nombre se aclaraba en letras de molde, la orden de captura contra el candidato opositor y, según todas las evidencias disponibles, ganador de las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia. Así atendió por la vía express a la solicitud de orden de captura hecha por el fiscal Luis Ernesto Dueñez, que a la postre desembocaría en el exilio de González en España.
Esa firma llevó a que Briceño enfrentara casi enseguida la primera factura de alto precio que sus amigos le vaticinaron que tendría que pagar: el 12 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una nueva lista de venezolanos sancionados por la llamada Ley Global Magnitsky.
De acuerdo al boletín emitido ese día por OFAC desde Washington, Briceño y las otras 15 personas cuyos nombres fueron incorporados a la lista de Specially Designated Nationals (en español, ciudadanos extranjeros especialmente nombrados) eran “funcionarios clave involucrados en las afirmaciones fraudulentas e ilegítimas de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones”.
Por la letra inicial de su apellido, el de Briceño fue el primer nombre de la lista.
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