Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por operadores del oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación que tenía un desenlace ya escrito: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde la víctima era la verdad. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Sube el telón: se ve un salón con varias mesas, unas cortinas negras improvisadas que delimitan el espacio, cajas de cartón kraft selladas con precintos. Un elenco de hombres y mujeres, puros extras sin un protagonista que destaque, van moviendo las cajas y las ponen sobre una de las mesas, donde las abren. Todos llevan guantes y mascarillas, como si con celo profesional evitaran contaminar con sus huellas la escena de un crimen; en verdad y en más de un sentido, realizan una labor forense. Se las ha confiado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo logo impreso en gigante domina el escenario. “Área de peritaje”, se lee en las letras blancas debajo del logo de la institución. Baja el telón.
¿Cómo se llama la obra? La falsa auditoría de las actas electorales.
Lo anterior fue lo que se pudo ver en las tomas del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y en las fotografías difundidas por el propio TSJ en sus redes sociales a mediados de agosto.
El 31 de julio, en medio de protestas nacionales y el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el oficialismo, en la divulgación oportuna de la información detallada de los resultados, así como de las debidas auditorías posteriores a los comicios, Nicolás Maduro, acuciado por fundadas sospechas de fraude, había acudido a la Sala Electoral del TSJ, también dominado por el chavismo, para solicitar un inédito “recurso contencioso electoral” ante lo que calificó como un “intento de golpe de Estado”.
El 10 de agosto, a raíz de la solicitud de Maduro, el TSJ confirmó que se abocaba “al peritaje de todo el material electoral de valor probatorio” y unos días después, el 15 de agosto, la presidenta del organismo, Caryslia Rodríguez, informó que “dicho peritaje se encuentra en proceso de ejecución por un grupo de expertos en materia electoral con los más altos estándares técnicos y científicos nacionales e internacionales”. Ese mismo día, el país vio las primeras imágenes de la llamada “área de peritaje”.
Al cabo de ese frenético calendario, el 22 de agosto, la propia Caryslia Rodríguez leyó la sentencia, por la que confirmaba que los resultados oficiales emitidos por el CNE “están respaldados por las actas de escrutinio” y que esas actas “mantienen plena coincidencia” con los registros de la sala de totalización del CNE. Subrayó ante los del cuerpo diplomático presentes en el acto -cuyos gobiernos, en muchos casos, exigían y siguen exigiendo una verificación imparcial de los resultados- que la sentencia cerraba el caso.
Por si fuera poco, en la misma ocasión Rodríguez volvió a destacar el rol de los peritos del tribunal “por su profesionalismo, entrega y el apoyo demostrado, así como el alto nivel técnico exhibido por los expertos nacionales e internacionales”.
Sin embargo, un análisis posterior de los videos y fotografías de esas jornadas de peritaje, sumado a las versiones recogidas entre varias fuentes conocedoras del funcionamiento interno del CNE y a los perfiles en redes sociales de algunos de los involucrados, permiten confirmar que fueron varios funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero Cuevas y al mismo tiempo militantes del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes interpretaron por esos días el papel de “peritos y expertos” en la puesta en escena del TSJ.
La producción de la obra no dejó nada al azar. Cada detalle de la utilería tuvo su porqué. El vestuario, por ejemplo, incluyó gorras y chalecos con las siglas del TSJ para darle verosimilitud a la impresión de que se trataba de funcionarios de la corte, así como tapabocas para dificultar el reconocimiento de los supuestos auditores. Las tomas de video y fotografía eludieron de manera sistemática enfocar los códigos QR en la parte inferior de las papeletas electorales, de modo tal que nadie tuviera la oportunidad de compararlos con los impresos ya divulgados por la oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria y con las que reclaman el triunfo de Edmundo González Urrutia con casi 70% de los votos.
“Eso fue una farsa completa”, sentencia una de las fuentes calificadas que habló con Armando.info a condición de conservar el anonimato por razones de seguridad. “No hubo protocolos para la auditoría y, al no estar todas las partes involucradas, sencillamente es un proceso viciado”, añadió.
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