El ambiente en Venezuela está marcado por incertidumbre, tensión y miedo, tras la escalada represiva denunciada por diversas instancias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y las amenazas que rodean, no solo a defensores de DDHH, sino a la sociedad en general.
Por vozdeamerica.com
Una ley que fiscaliza organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro aprobada la semana pasada por el Parlamento venezolano de mayoría oficialista impone nuevas obligaciones que afectan el derecho de asociación, coinciden activistas de DDHH que cuestionan los argumentos del gobierno.
El oficialismo sostiene que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero, pero activistas denuncian que el objetivo es “suprimir” el derecho de asociación.
El gobierno, además, ha argumentado que en el país existen al menos 60 ONG financiadas por gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos, que, afirma, operan con fines políticos con el objetivo de “generar desestabilización”.
¿Por qué amenaza con cerrar el espacio cívico?
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) sostienen que la ley viola “flagrantemente” los derechos de asociación y participación en asuntos públicos.
“Pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.
Para Acceso a la Justicia, que monitorea la administración de justicia y el estado de derecho en el país, la legislación pretende que las organizaciones de la sociedad civil se constituyan para fines determinados y con estructuras obligatorias que “atentan contra la diversidad propia” de la sociedad civil y la autonomía de gestión, organización y formas de financiamiento que el estándar internacional prevé en el ámbito.
Ali Daniels, abogado y director de la organización Acceso a la Justicia, expone en un análisis de los artículos que, a su juicio, son los más controversiales que “todos tienen fines punitivos”.
Daniels explica que la legislación da a entender que una organización debe esperar a que el órgano competente se pronuncie sobre la legalidad de los fondos que recibe, lo que, basado en la experiencia con la administración pública venezolana, puede tomar tiempo.
“Pueden pasar meses antes de que te respondan. Esto puede tener repercusiones terribles para la ayuda humanitaria, porque en este proceso pueden perderse vidas. En realidad a quien afecta es al pueblo venezolano que es el beneficiario de la acción de las organizaciones”, afirmó en una conferencia de prensa.
Todas las organizaciones deben modificar sus estatutos y no hay lapsos garantías de respuestas para los diversos procedimientos a los que deben someterse.
Daniels cuestiona que la ley contemple una suspensión indefinida de las organizaciones, en caso de existir motivos para considerar que se ha producido un incumplimiento de prohibiciones establecidas.
“En la práctica esto es una medida de cierre encubierto y por tanto hay que verlo como una sanción, no como una medida preventiva como la quieren disfrazar. Prácticamente todos los añadidos agravan la situación de la organización civil”, sostiene.
“Queda en manos del Estado legalizar o no a las organizaciones, de una manera prácticamente discrecional”, expone.
Además, precisa que las multas que impone la ley, por, entre otras cosas, el incumplimiento de deberes formales, entre ellos la consignación de documentos, son “impagables” para el 99% de las organizaciones, lo que puede acarrear la disolución de las mismas.
“Esto es el equivalente de ir a la cárcel de una deuda. Aquí en vez de ir a la cárcel dejas de existir en el mundo jurídico. Por no pagar una multa vas a dejar de existir. Porque dejo de entregar a tiempo dos papelitos, puedo dejar de existir. No hay ninguna proporción entre la falta cometida y la sanción”, insiste.
Para Daniels, el gobierno venezolano busca una sociedad civil “a su medida”, que las organizaciones callen y que no denuncien violaciones a los derechos fundamentales. “Se quiere tener una sociedad civil callada, sumisa y domesticada, ese es el verdadero fin de la ley, no es la regulación, porque las organizaciones ya estábamos reguladas por el Código Civil”.
El abogado aclara que en Venezuela existen unas 10.000 organizaciones con personalidad jurídica, pero afirma que la mayoría son “de hecho”, por ejemplo, grupos de vecinos que se reúnen para atender asuntos de su comunidad, que también se ven afectados por la legislación.
Días después de ser proclamado ganador de las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro instó a acelerar la aprobación de leyes contra el “fascismo”, la regulación de las redes sociales y exigió a las instituciones del Estado “mano de hierro” contra quienes promueven actos de violencia y de odio, tras las protestas contra los resultados de las elecciones del 28 de julio que, de acuerdo a la fiscalía, dejaron 25 muertos.
Sin presentar datos desglosados por mesa, el organismo electoral venezolano dio como ganador de los comicios a Maduro, pero la oposición insiste en que las copias de las actas que conservaron sus testigos, y que han publicado en un sitio web, demuestran que la victoria fue del candidato presidencial Edmundo González Urrutia con más del 67% de los votos.
Varios organismos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE CIDH), que han asegurado que en Venezuela se están documentando prácticas de terrorismo de estado, habían instado a la AN a abstenerse de aprobar el proyecto de ley.
Gina Romero, relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, recordó que a finales del año pasado fue enviada al gobierno venezolano una carta en la que fueron presentadas observaciones ante las “restricciones incompatibles” que aseguran establece el marco jurídico.