Los dos oficiales nombrados en la Corte Marcial y en la Fiscalía Militar que revelan su “lealtad” como méritos

Los dos oficiales nombrados en la Corte Marcial y en la Fiscalía Militar que revelan su “lealtad” como méritos

El Ministro de la Defensa formalizó los cambios en la justicia militar

 

Son tiempos en que la casta del régimen venezolano requiere mayor radicalismo de sus aliados y subalternos, pero también es tiempo en que muchos militares buscan desprenderse de la revolución que sufrió, el 28 de julio, una impactante derrota electoral, por lo que para mantenerse en el poder recurre a la más brutal represión, a sangre y fuego. La promoción 1991 pasó a retiro y se lleva consigo a uno de los responsables de violación de derechos humanos contra civiles y militares en el uso de la justicia castrense: MG (Ej) Jesús Emilio Vásquez Quintero.

Por Sebastiana Barráez / infobae.com

Es importante destacar que hasta septiembre 2021, el MG Vásquez Quintero, en uno de esos entramados que desvirtúan la justicia en Venezuela, era el Fiscal General Militar y pasa a Presidente de la Corte Marcial y presidente del Circuito Penal Militar, cuando en el marco de un escándalo en la justicia militar, destituyen al quien ocupaba el cargo, Mayor General (Ej) Edgar José Rojas Borges.

En el evento de ayer lunes 19 de agosto 2024, donde Padrino López sustituye a Vásquez, quien pertenece a la Promoción 1991 “GB Daniel Florencio O’Leary”, de la que egresó de Nr. 36, repite lo que hizo en años anteriores, saca al hasta ahora Fiscal MilitarGeneral de Brigada, José Daniel Monsalve Maldonado, y lo nombra presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar.

A su vez designa como Fiscal General Militar al Coronel (Ej) Elías Plasencia Mondragón, el Nr. 14 de la II promoción “General en Jefe Juan José Flores” del año 2000. Ese oficial siempre ha estado en la justicia militar como Fiscal castrense.

Un velo de complicidad, bajo el cual se cubre toda la justicia militar, ha caracterizado a la Fiscalía y a la Corte Marcial; uno de esos episodios tenebrosos surge cuando la entonces Fiscal General Luisa Marvelia Ortega Díaz se niega a imputar a cientos de manifestantes detenidos, por lo que el régimen venezolano utiliza a los tribunales militares para juzgar a civiles en el marco de las protestas contra la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.

Ante la fuerte presión de organismos internacionales y voces de organizaciones y medios de comunicación de todo el mundo, la revolución bolivariana creó los tribunales de Terrorismo, que son los mismos que hoy usan contra quienes reclaman por el resultado de las elecciones del pasado 28 de julio.

Pero el hecho más deleznable para el mundo militar ha sido el uso de la justicia castrense para encarcelar, violentar el debido proceso, torturar e incluso asesinar a militares caídos “bajo sospecha”, otros que no seguirían órdenes contra la Constitución y las leyes, algunos de los que se rebelarían contra órdenes para arremeter contra el ciudadano o aquellos militares no dispuestos a permitir la destrucción de la Fuerza Armada y del país con presencia de grupos irregulares uniformados y armados con elementos propios de la institución militar venezolana.

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