La depauperación de sueldos, salarios y pensiones es la causa principal de los conflictos laborales en Venezuela, de acuerdo con la data recopilada por el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), mientras que los canales institucionales para la resolución de conflictos han mostrado su ineficacia.
“La política salarial del gobierno tiene un rechazo generalizado y no es para menos, ya que, entre otros aspectos, el salario mínimo está congelado desde marzo de 2022 en lo que hoy apenas representa 3,55 dólares al mes. En consecuencia, las escalas salariales y los beneficios laborales que se calculan con base en el salario mínimo se han visto afectados”, dijo León Arismendi, director general del Inaesin.
Recuerda que cerca del 70% de las protestas de los trabajadores tienen el componente salarial como centro y 90% de quienes reclaman mejoras forman parte de la nómina del sector público.
Otro aspecto vinculado a la conflictividad laboral en el país es la ineficacia de los canales institucionales de solución de controversias. “Los sindicatos no acuden a las Inspectorías del Trabajo porque saben de antemano que sus reclamos no serán atendidos. Los pliegos de peticiones, conciliatorios o conflictivos no se tramitan si el denunciado es un ente público”, señala Arismendi.
La falta de independencia y autonomía del sindicalismo oficial, que parece confundir las políticas del gobierno con los intereses de los trabajadores, tampoco contribuye a la búsqueda de soluciones. Esta es una de las razones que mantiene paralizada la revisión de convenciones colectivas, lo que acentúa el descontento.
“Han sido años de políticas erradas que han incidido negativamente en el poder adquisitivo de los venezolanos, por lo que el manido argumento oficial de que la causa de la destrucción del valor del trabajo son las sanciones, no convence a casi nadie”, comenta el director del Inaesin.
La necesidad de un cambio de estrategias para que los problemas laborales sean debidamente atendidos ha sido abordada por parte de la clase trabajadora. Y la oportunidad de lograr las soluciones podría darse el próximo 28 de julio con la celebración de las elecciones presidenciales.
En los últimos años la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido fundamental para la defensa de los derechos laborales y sindicales en Venezuela, por ejemplo, al acordar una Comisión de Encuesta en marzo de 2018, ante la reiterada violación de los convenios del organismo de Naciones Unidas.
Este procedimiento de investigación generó un informe con recomendaciones en septiembre de 2019, pero el gobierno no las ha reconocido formalmente. Además, con la mediación de la OIT se instaló en marzo de 2022 el Foro de Diálogo Social, un mecanismo tripartito que no avanzado al ritmo esperado.
En este sentido, el secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, durante su participación en la 112ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada del 3 al 14 de junio de 2024 en Ginebra-Suiza solicitó nuevamente a Gilbert F. Houngbo, director general de la OIT, sus oficios ante el gobierno de Venezuela porque no se evidencian ni la disposición ni los beneficios esperados para los trabajadores en el diálogo tripartito, evadiendo así sus responsabilidades y compromisos. Mientras, continúa aumentando la pobreza y la precarización de la clase trabajadora, de jubilados y pensionados.
Nota de prensa