En un Estado de Derecho, en cualquier sociedad democrática, la Constitución prevalece como piedra angular sobre la cual se erige el ordenamiento jurídico, la estructura legal, política, la convivencia pacífica y justa entre los ciudadanos. Es el marco que garantiza derechos esenciales, establece límite y alcance del poder estatal, configurando mecanismos para su control y equilibrio. Por tanto, legislar contra el precepto constitucional es un desafío a la democracia.
¿Qué sucede cuando las leyes ordinarias contradicen el compendio básico de la Carta Magna? Surge el terrible dilema de la Ley contra la Constitución.
Debates en torno al Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, establece procedimientos que vulneran el principio establecido en el artículo 57 de la Carta Magna: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”; en consecuencia, plantea una inquietud ética imposible de ignorar.
La sociedad democrática debe contar con un marco legal que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos de sus ciudadanos. La Constitución cumple precisamente esta función al establecer límites del poder estatal y salvaguardar las libertades fundamentales. Por lo tanto, legislar en contra es una afrenta a la democracia y voluntad ciudadana. Las leyes, aunque emanen del poder legislativo, no están exentas de ser cuestionadas a la luz del abecedario constitucional. La Constitución otorga poderes e instaura deberes, siendo el escudo protector de los derechos y libertades contra la arbitrariedad. En este sentido, la legalidad de una norma debe ser evaluada en función de su conformidad con la Carta Magna. De lo contrario, se abriría la puerta a la atropello e ilegalidad.
El concepto de una Ley contra la Constitución es preocupante, alarmante y peligrosa. Implica que, a pesar de los mecanismos de vigilancia y equilibrio existentes, el poder legislativo puede aprobar normativas que vulneren principios básicos de justicia y equidad. Socavando la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
¿Es posible que se promulgue una ley que contravenga la Constitución? No. Sin embargo, saltarse la norma apela a diversas razones; falta de control por parte del poder judicial, motivaciones políticas o ideológicas que priorizan intereses partidistas por encima del bien común. En cualquier caso, el resultado es el mismo: debilitamiento del sistema democrático y riesgo de anarquía. El impacto de una Ley contra la Constitución, tendría consecuencias en la estabilidad política y social. La Constitución, además de un instrumento legal, es un símbolo de unidad y cohesión nacional. Desestimar sus preceptos, crearía incertidumbre en la convivencia democrática.
¿Qué interés tiene una iniciativa que socava principios de la Constitución? ¿Necesidad legítima, o intento de consolidar el poder en manos de una minoría? Interrogantes que obligan a cuestionar la legitimidad de los promotores de esta Ley contraria a la Constitución.
La propuesta representa un agravio a la democracia y un insulto al Estado de Derecho. Más allá de las justificaciones, hay que tener presente, la Carta Magna es el fundamento sobre el cual se construye la convivencia democrática y el respeto a los Derechos Humanos. Cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza para la sociedad en su conjunto. Y ese intento sí es fascismo
La Constitución no es un simple documento legal, sino el reflejo de los valores y principios que sustentan la convivencia como sociedad. Defenderla es proteger la esencia de la democracia, garantizando un futuro justo y equitativo.
@ArmandoMartini