Tras conocerse que Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, aceptó que dineros ilegales entraron a la campaña presidencial de su papá, Infobae Colombia consultó con algunos analistas sobre lo que significa esto para la legitimidad del actual mandatario, así lo reseñó INFOBAE.
El coordinador de Democracia y Gobernabilidad de Pares, Esteban Salazar, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, recordó que contra el presidente Petro hoy hay dos solicitudes de investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde la mayoría de sus integrantes, prácticamente, garantizarían no tener mayor escándalo con respecto al proceso mismo de cualquier aforado en Colombia.
Según él, esto significa que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara se tiene que surtir un proceso durante el cual la investigación puede llevar a que soliciten pruebas a la Fiscalía o a la Corte Suprema de Justicia por solicitud de apoyo a estas instituciones para saber qué responsabilidades tuvo el presidente dentro de lo que dijo Nicolás Petro.
“Esto depende de fundamentalmente de las pruebas que haya para determinar la responsabilidad del presidente y si estaba enterado o no del ingreso de esos dineros”, anotó.
Ante esto, dijo que puede haber dos escenarios, uno, que de manera fraudulenta Nicolás Petro haya ingresado ese dinero, que no le haya dicho a nadie, y que él de manera unilateral sea el responsable del hecho, o dos, que él haya ingresado ese dinero, que no se haya reportado, y que el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, que fue gerente de la campaña esté involucrado en el hecho y que el presidente Petro haya sabido.
Solo en ese escenario, apuntó, en donde la Comisión de Acusaciones logre encontrar pruebas contra Gustavo Petro, pueden elevar un juicio en el Senado de la República y este podrá determinar como culpable o no de estos hechos, pues tiene el poder de juzgamiento y debe evaluar dentro de lo que está escrito en la Constitución Política si el presidente es indigno, teniendo en cuenta que la indignidad hoy no está tipificada como un delito en el Código Penal, pero esa sanción podría llegar hasta la destitución del presidente.
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