La calidad de vida de los habitantes de un país están determinadas por su condición socio económica, para lograr elevados niveles de calidad de vida se necesitan disponer de ingresos personales o familiares que permitan cubrir las necesidades de alimentos y demás insumos necesarios, la cesta básica la cual engloban las necesidades familiares más comunes supera actualmente los 900$ al mes.
Lo preocupante es que apenas un 10% de las familias tienen ingresos que permiten adquirir los productos comprendidos en la cesta básica. Quedando un 90% de las familias con limitaciones de consumo. Para adquirir la canasta alimentaría familiar se requieren más de 500$ al mes. Encontrándose casi el 60% de las familias Venezolanas con ingresos mensuales menores a los 300$ mensuales, siendo ubicados en situación de pobreza y altamente dependientes de las cajas de alimentos CLAP y de los recursos monetarios proveniente de las misiones para mejorar su consumo y otras necesidades familiares.
Las limitaciones sociales son sostenidas y agravadas por los elevados niveles de inflación en el cual se encuentra el país, habiendo superado el 400% anualizada en el pasado mes junio del año 2023, convirtiéndose en la más alta del mundo. La política monetaria expansiva del Banco Central es considerada como la razón fundamental de esta elevada inflación. Esta política del Banco Central permite cubrir en bolívares las necesidades de recursos adicionales para sostener el gasto público, cuando los ingresos fiscales provienen de impuestos o la explotación de nuestros recursos naturales, llámese petróleo, oro, etc. son deficitarios (déficit fiscal).
¿Como mejorar la calidad de vida? Se requiere implementar una serie de políticas públicas, tales como estimular al sector privado a producir más, seguimos siendo un país que importa más de la mitad de lo que consumimos como materia prima y productos terminados, esto puede generar más de un millón de empleos bien remunerados, desmontar el complejo empresarial público que da pérdidas y que consumen buena parte de esos recursos que provienen del banco central causante de inflación, eliminar las trabas que limitan al sector privado de la economía y establecer un estado de derecho que garantice la propiedad privada y la libre iniciativa, seguridad jurídica como un compromiso necesario para estimular la inversión privada nacional y foránea en todos los distintos sectores económicos del país. Estos requerimientos son primordiales para generar empleos y mejorar los ingresos familiares con su impacto positivo en la calidad de vida.
Este conjunto de políticas públicas define el rumbo futuro de la nación.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.