La política en Venezuela adquiere una dinámica que nos ubica dentro de los países del mundo, donde se toman decisiones institucionales que forman parte de la estrategia política, a conveniencia de quienes utilizan cualquier medio legal o ilegal para impedir el ejercicio de los derechos constitucionales de los venezolanos, a participar en los venideros procesos electorales para elegir a nuestras autoridades.
Las inhabilitaciones se han convertido en la manera más expedita para lograr neutralizar a los aspirantes a participar en el venidero proceso electoral a realizarse en el próximo año 2024.
Las principales razones para solicitar las inhabilitaciones para ejercer su derecho constitucional a aspirar un cargo público, bien sea el de presidente, gobernador, alcalde o diputado, es el argumento sobre cualquier declaración emitida o posición pública previamente asumida, que pueda ser considerada como contraria a los intereses de la nación Venezolana o la no presentación adecuada de las cuentas de alguna campaña electoral previa donde se haya postulado a cualquier cargo público.
La implementación de esta estrategia política como el mecanismo aplicado para dejar a un lado los potenciales oponentes políticos con mayores oportunidades de ser electo, surge con ímpetu en la medida en que se acercan las fechas para realizar las elecciones presidenciales. Creando molestia en la base popular al sentirse limitada en sus derechos de elegir a cualquier candidato que se postule para un cargo público, lo cual para muchos analistas políticos crea desconfianza en las instituciones del estado y afecta los derechos constitucionales de los ciudadanos. La inhabilitación de la candidata María Corina Machado es la primera evidencia que está práctica se va a sostener como estrategia política.
La nación Venezolana observa con interés hasta dónde será posible que las inhabilitaciones se conviertan en la vía expedita, para descartar candidatos adversos que puedan resultar favorecidos con el voto popular.
¡Estaremos por ver sus efectos!
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.