La propiedad privada de la tierra en Latinoamérica muestra cambios debido al acaparamiento de la tierra en grandes grupos que requiere la alta inversión junto con el desarrollo agropecuario moderno, la apropiación ilícita de tierras con escrituras falsas como sucede en Colombia, el saqueo de fincas productivas por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sin ofrecer derechos legales y la adjudicación de tierras a personas que introducen documentos falsos a las instituciones públicas.
El acaparamiento de la tierra ha llevado a inversiones significativas de compañías o sectores de alto nivel económico en diferentes partes de Latinoamérica, lo que ha permitido el desarrollo de nuevos productos e industrias agrícolas, pero con el riesgo de una disminución de la producción local y comunitaria. El principal desafío de estas iniciativas es cómo desarrollar industrias de crecimiento y desarrollo agroindustrial respetando las necesidades de las organizaciones comunitarias de la región.
El robo de tierras con escrituras falsas dadas por funcionarios judiciales de Barranquilla, en Colombia y el saqueo de fincas productivas sin la intervención adecuada del Instituto Nacional de Tierras en Venezuela, que debería de garantizar la justicia social en el acceso a la tierra y la seguridad jurídica en la propiedad privada, ha llevado a robos importantes. Estos ataques legales podrían ser enfrentados a través de organizaciones de derechos humanos con la capacidad de denunciar estos robos y las faltas de acción gubernamental. ¿Por qué funcionarios de gobiernos como el de Nicolas Maduro apoyan procesos corruptos de robos de terrenos aceptando falsos trabajos y documentos?
Los robos de propiedad por individuos corruptos también se producen por las adjudicaciones de terrenos, falsamente presentados como baldíos, que presentan tanto levantamientos incorrectos planimétricos geo-referenciados de los predios como documentos falsos donde indican en diferentes partes de Latinoamérica que se han dedicado a su cuidado de una forma ininterrumpida por muchos años. Hay casos en que los aplicantes pueden ser muy jóvenes, pero supuestamente mantienen un negocio de venta en una cierta parte del país y pretenden ser agricultores en otra región por un largo periodo de tiempo para apropiarse del terreno. ¿Cómo es posible que las autoridades gubernamentales acepten casos de corrupción en el que una persona con un negocio registrado en una parte del país que requiere una alta entrega profesional supuestamente se ha dedicado a la actividad agrícola en un tiempo similar en otra parte del país? En ciertos países de Latinoamérica, los ministerios de agricultura procesan largas extensiones de trámites de adjudicaciones de terrenos baldíos, sin un requerimiento legal que autoricen las ventas.
Los gobiernos y presidentes latinoamericanos tienen un reto muy importante de ejecutar sanciones inmediatas y cambios en los ministerios y oficinas públicas que les permita combatir la alta corrupción que puede sufrir una población importante del país dedicada a invertir sus recursos en el desarrollo agropecuario y forestal a nivel nacional o regional.