Otra gravísima amenaza se cierne contra Venezuela en el campo del derecho internacional. Avanza el despojo de una porción del territorio nacional, vital por demás, ya que abarca nuestra salida al océano Atlántico y donde yacen grandes reservas de petróleo sobre las que la empresa Exxon Mobil ya tiene clavadas sus garras en
combinación con el corrupto gobierno guyanés y en confluencia con intereses económicos y políticos. Es la suma y sigue en la tragedia que nos agobia como nación.
Existe una errática postura del gobierno de Maduro negándose a participar en el juicio bajo el argumento de la improcedencia de la vía judicial para este diferendo, posición que no ha detenido al proceso y en su transcurso ya ha fracasado en dos incidencias previas, pues la CIJ en una primera oportunidad (18/12/2020) sentenció tener competencia para el caso, y ahora este (6/4/22023) cuando la Corte ha rechazado el recurso de inadmisibilidad de la demanda que se interpuso.
El juicio ahora continúa y la CIJ ha determinado como fecha límite para que Venezuela presente su contra memoria el próximo 8 de abril del año 2024. Falta por ende un año para esta próxima actuación, que es obviamente la más importante y en la cual debe Venezuela producir los argumentos de fondo en defensa de sus intereses territoriales y las pruebas pertinente.
Venezuela tiene sólidas pruebas que demuestran los graves vicios de nulidad del Laudo de París y cuenta con los títulos históricos y jurídicos que respaldan sus derechos sobre el territorio controvertido. La CIJ no puede ignorar las graves violaciones del debido proceso; las erróneas interpretaciones del Tratado de Washington que conducen al vicio de exceso de poder; la ausencia de motivación de una decisión tan importante, rompiendo con los principios reconocidos por el derecho internacional vigente para la época; una decisión que fue más allá de la controversia delimitada en el Tratado de Washington y que afectó los derechos de Brasil, un Estado no signatario del compromiso, incurriendo en el vicio de ultra petita.
Venezuela podría solicitar a la CIJ que conceda medidas provisionales con la finalidad de evitar los perjuicios causados. en el territorio en reclamación y en el medio ambiente, por la explotación de recursos naturales y, en concreto, podría Venezuela solicitar a la CIJ que ordene la paralización de las concesiones otorgadas por la República Cooperativa de Guyana en el territorio disputado y, en general, que se suspenda cualquier tipo de explotación o ejercicio de soberanía sobre el mismo. En respuesta a una solicitud de esa naturaleza, la CIJ tiene la facultad para dictar, si considera que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales, generales o particulares, que estime pertinentes o adecuadas para resguardar los derechos que se invocan, hasta tanto sea dictada la sentencia definitiva.
En consideración de la cuestión del esequibo, es necesario ratificar nuestra posición como venezolanos respecto a nuestra zona en reclamación. Se ha manejado de forma inusual, siendo que este tema es esencialmente nacional, un asunto de estado.
Consideramos que por ser un tema de interés nacional, el gobierno debe convocar a todos los sectores preparados en materia de derecho internacional; universidades, colegios de abogados, Escuelas de Derecho, Institutos de Investigación, y las distintas academias, para enriquecer una sólida defensa. De igual forma, abandonar el sectarismo y la ideologización del tema esequibo. Ratificamos, una vez más, que es nuestro territorio y vamos a presentar una digna defensa de él.
Llamamos, una vez más, no solo al pueblo de Venezuela, si no, a los ciudadanos venezolanos a involucrarnos en esta ardua tarea.
Nota de prensa