“Si lo quieres sin factura, te sale en menos”, “sin la factura no se te cobra el IVA”, “¿va a querer factura?”, estas son algunas de las tantas frases que puede escuchar un cliente en una tienda. En otros casos ni siquiera dan la opción a una factura, ya que los establecimientos no cuentan con máquinas fiscales, entre otros requerimientos, para emitirlas.
Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com
El equipo de lapatilla.com conversó con una fuente de la Superintendencia de Administración Tributaria del Municipio Caroní, así como representantes de las cámaras de comercio para conocer su posición sobre este tema.
La fuente de la Superintendencia en Ciudad Guayana expresó que existen unos 1.000 contribuyentes insolventes “muy a pesar de que se invirtió en la realización de un censo de actividades económicas, el cual actualizó el padrón de contribuyentes entre los meses de abril y julio del año 2022. Se conminó de manera reiterada a ponerse al día con sus obligaciones tributarias y administrativas. Desde el mes de agosto de 2022, han recibido innumerables mensajes de texto, llamadas telefónicas y correos electrónicos, notificándose su estatus, y a la fecha continúan adeudando sus obligaciones de ley”.
Eliminar trabas
El presidente de Fedecámaras-Bolívar, Austerio González, resaltó que el empresario y el comerciante venezolano, por naturaleza, se ha caracterizado por privilegiar el pago de los impuestos.
“Lo que está pasando en Caroní es distinto. El problema no es que el empresario no quiera pagar sus impuestos, sino que la alcaldía en cierta forma entraba el pago de la patente económica o el pago de la licencia o actividad económica, porque antes debes pagar los servicios públicos, para luego poder pagar los impuestos. Para ejercer la actividad económica y pagar ese impuesto, te obligan a cancelar un servicio público, y ahí es que viene la contradicción”.
El representante empresarial afirmó que no se puede priorizar la cancelación del aseo urbano por encima del pago de la patente o de la licencia de la actividad económica, pues son dos asuntos muy distintos.
“Lo primordial es el pago de la licencia. Ningún comerciante se niega al pago de los impuestos, pero me generas trabas al obligarme a pagar un servicio, cuyos costos son muy altos y no están adecuados al sector empresarial del estado Bolívar”, cuestionó el presidente de Fedecámaras.
González detalló que dentro de las acciones que están ejecutando para apoyar a sus afiliados y cumplan con sus obligaciones tributarias está la creación de una mesa técnica.
“Esa mesa técnica está de alguna manera buscando la vía más adecuada y expedita para que se haga la modificación de la ordenanza en función de que se use una metodología que adecue los costos de la recolección de los desechos sólidos a la producción de cada comercio”.
Por su parte, el vocero de la municipalidad destacó que el alcalde de Caroní, Tito Oviedo, “en aras de optimizar los procesos de recaudación de la alcaldía del municipio, sostuvo reuniones previas con los representantes de los diferentes gremios y asociaciones del sector productivo de Ciudad Guayana, donde surgieron diferentes propuestas, entre las cuales está la condonación de multas e intereses moratorios a algunos contribuyentes”.
Negocios bajan la santamaría
Los gremios calculan que alrededor de 420 empresas cerraron entre noviembre 2022 y abril 2023, de las 10.876 que estuvieron económicamente activas en el municipio Caroní.
El vicepresidente de Fedecámaras en Bolívar, David Bermúdez, detalló que “nosotros seguimos viendo que vienen cerrando negocios, sobre todo los más pequeños, ya que sus ingresos no pasan de 2.000 dólares”.
Ante el planteamiento de si los establecimientos han cerrado por los costos de servicios públicos, como aseo urbano, o los pagos tributarios, Bermúdez expresó que muy pocos han cerrado por el tema de Fospuca.
“Ha sido más el efecto mediático que la cantidad de negocios que cerraron, mientras que por el tema de la alcaldía no se llegaron a más de 10 empresas. En el caso de los cierres de la alcaldía, inicialmente pensábamos que se debía al tema del pago de Fospuca, pero lo cierto es que antes hay unos compromisos tributarios que no se habían honrado, y es lo que estaba exigiendo la alcaldía”.
¿Qué hacer si alguien cierra su negocio?
Si una empresa por cualquier motivo, debe bajar su santamaría, es importante que notifique a las autoridades municipales para que no quede en morosidad con sus obligaciones tributarias.
El artículo 9 literal g de la “Reforma Parcial de la Ordenanza de Impuesto sobre las Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios y su Clasificador de Actividades Económicas”, promulgada en fecha 9 de septiembre de 2020, establece la obligación de notificar la cesación de actividades económicas dentro del municipio, así como las causas que la originen.
Mientras que el artículo 11 del referido instrumento legal faculta y atribuye a la Administración Tributaria Municipal, realizar las gestiones correspondientes para regularizar la situación actual de los contribuyentes.
“En tanto el contribuyente no notifique y cumpla con los requisitos establecidos para que le sea acreditado el cese formal de sus actividades económicas, continúa dentro del universo de contribuyentes morosos y, por ende, la Superintendencia de Tributos, puede en cualquier momento ejercer el derecho al cobro de lo adeudado”, destacó la fuente.