Existe dificultad en percibir las relaciones de poder sobre el espacio. Partiendo de esa premisa, resulta ambicioso plantear una problemática que suponga la plena comprensión del Poder. El poder es una categoría inherente a cualquier relación entre actores que confluyen en tiempo y espacio. Permite la negación del espacio a lo largo del tiempo, pero también la negación del tiempo y con ello la ausencia de un actor sobre el espacio. La omnipresencia del poder disuade cualquier intento de representación lógica o científica en términos absolutos, por ello, aquellos que osaron comprenderlo, crearon categorías que sugieren la existencia de campos de poder, representados por actores, escenarios, medios y circunstancias que facilitan su lectura. Así, el territorio es el resultado del poder aplicado sobre el espacio. Se tiene o no se tiene. Cualquier cambio en esa realidad supone una relación de poder que por ventura podría ser interpretada bajo diversas categorías, pero que a la larga responden a su verdadera esencia.
Quiero presentar una afirmación simple: La reclamación de la Guayana Esequiba no ha sido comprendida, ni será comprendida hasta que no sean percibidas las relaciones de poder que hacen de ese espacio el territorio de otros actores. Entiéndase, otros, no apenas uno. Con ello situó al Estado de Guyana como uno de esos actores, siendo paradójicamente el actor más subestimado e incomprendido por parte de las elites políticas de Venezuela. A la par del Estado, otros actores han contrabalanceado parte de las asimetrías existentes, incrementando sus capacidades de actuación y posibilitando la securitización de un asunto complejo que ha permitido la intervención de organismos internacionales.
Es posible afirmar que las propias actuaciones del Estado venezolano no fueron comprendidas por los sucesivos gobiernos, ocasionando la ruptura de proyectos o desencadenando el infructuoso intento de imponer objetivos políticos nacionales por vías de hecho. Bajo la óptica analizada, tampoco fue comprendido el objeto del Acuerdo del Ginebra, ni el modus vivendis aplicado sobre este último, ni mucho menos el proceso de los Buenos Oficios. Al respecto, conviene destacar que la suma del periodo temporal abarcado por las gestiones de los dos últimos buenos oficiantes Oliver Jackman (2000-2007) y Norman Girvan (2010- 2014) – sin contar el año del mandato reforzado de Dag Nylander – superó la tan criticada vigencia del referido modus vivendis conocido como Protocolo de Puerto España. A la fecha, lo más preocupante e indignante, es que no existe una comprensión cítrica de las relaciones de poder desprendidas de la demanda presentada por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). O al menos eso evidenció la cuestionable actuación venezolana.
La negación política del espacio a lo largo del tiempo ocasionó consecuencias previsibles. El territorio no se tiene y aunque este se mantuvo representado en mapas, como una orden simbólica destinada a mantener viva la llama de la reclamación, la ausencia de nuestras culturas e identidades sobre un espacio apenas imaginado, condicionó la comprensión de este como una suerte de limbo que recientemente fue esclarecido por las realidades ilustradas en las redes sociales. Antes de que se produjese ese choque de realidad frente a la lejanía de un espacio desconocido, la reclamación oscilaba entre coyunturas y mediaciones que eran incomprendidas por gran parte de la nación venezolana, al tiempo en que diversos actores eran insertados. Me refiero esencialmente a las corporaciones que han venido ejerciendo la territorialización geoeconómica de la Guayana Esequiba mediante el despliegue de tecnologías y capitales para la extracción de informaciones estratégicas. Esa ecuación fue determinante en el estado y grado de la reclamación.
Hubo tiempo suficiente para emprender acciones prácticas y definitivas sobre el destino de ese espacio que pretende ser reintegrado al territorio nacional. Hubo tiempo para sustituir el concepto de reclamación por el concepto de recuperación. El Estado también disponía de los recursos necesarios para sustentar tales acciones. Sin embargo, en el momento propicio para ello, ese entrañable momento que no suele repetirse, las elites gobernantes apenas se dedicaron a responder a los continuos acechos del menospreciado adversario. Ahora, justo ahora que es momento de asumir la reclamación como un proceso estrictamente jurídico, los representantes designados por las elites gobernantes se han dedicado a exponer narrativas que apenas devalúan la credibilidad de nuestros argumentos históricos al incluir arengas nacionalistas en procedimientos que requieren estrictos elementos probatorios. Todo ello ocurre junto a declaraciones triunfalistas, mientras consumen el escaso tiempo del que disponen en la infructuosa denuncia de agendas geopolíticas que permitieron la remisión del caso a la CIJ. Aunque esas agendas existieron, el tiempo para neutralizarlas en el respectivo campo de actuación ya pasó. Ahora estamos en otra etapa, en otro campo del poder. Donde potencias del norte global pueden ser jurídicamente derrotadas por países del sur global.
Es momento de comprender la reclamación. Esa comprensión requiere de esfuerzos interdisciplinares, intergeneracionales pero esencialmente nacionales destinados a perfeccionar las actuaciones de Estado que deben ser complementares al proceso jurídico. Por ello, el curso de la reclamación no puede ser confiado a cortesanos ni a juglares. Tampoco a sofistas. Este proceso no tiene vuelta atrás, la participación ya es un hecho y el abandono de la causa no es una opción inteligente. El resultado de la sentencia será definitivo, marcará el fin del proceso de reclamación, siendo determinante en la subsecuente pretensión guyanesa sobre los espacios marinos adyacentes al Delta del Orinoco. Todo ello también podría marcar la fractura del gobierno, de las fuerzas armadas, del frágil pacto social que aún existe en Venezuela.
Es necesario crear grupos de trabajo convocados por la cancillería. Es necesario el uso de fondos públicos para la adecuada contratación de expertos nacionales a dedicación exclusiva sin que ello este sujeto a condicionamientos políticos o pleitesías. Es necesaria la inclusión de investigadores, la convocatoria y la premiación de estudios especializados. No podemos confiar la reclamación a la mera gestión de los respetados consejeros españoles. La realidad es que hoy por hoy, como parte del irreversible declive de la hegemonía occidental, España tiene una posición sumamente débil en el escenario internacional y sus mejores expertos poco o nada han logrado para revertir los aprietos causados por los marroquíes. En suma, es necesario comprender los convencionalismos y las dinámicas de la CIJ, incluyendo a los actores especializados en ese campo. Pero también debe ser realizada una labor de inteligencia paralela al proceso. Estamos en jaque.
Ricardo Salvador De Toma-García. PhD Estudios Estrategicos Internacionales | Magister en Sociedad y Fronteras | Abogado