El 11 de abril de 2002, una gigantesca manifestación, como nunca hubo antes ni ha habido después, se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, azuzada de manera irresponsable por operadores políticos sin una organización preparada para asumir el poder o reencausarlo, consideró que era el momento de ir al Palacio de Miraflores y pedirle la renuncia al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Había demasiadas razones acumuladas.
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Una opción que de ninguna manera era ilusa. Ocurrió en Argentina, en 2001; en Perú, en el 2000; en Paraguay, en 1999; en Ecuador, en 1997 y en 2000; en Guatemala, en 1993; en Brasil, en 1992. Incluso, había ocurrido en Venezuela, con Carlos Andrés Pérez, en 1992. Los jefes de Estado deben renuncian cuando el pueblo mayoritariamente se los pide.
A las 4:00 de la tarde, los avances de los noticieros de radio y televisión reportaban más de 18 fallecidos y un número indeterminado de heridos. Pero fue la transmisión del video de los pistoleros de puente Llaguno lo que aceleró los acontecimientos.
Se veía claramente como disparaban a lo que se suponía era la manifestación que subía por la avenida Baralt. El Ejército, cuidadoso, de no romper el hilo constitucional, le solicitó la renuncia al jefe del Estado. “La cual aceptó”, como informó el ministro de la Defensa, que de inmediato se acostó a dormir con una granada bajo la almohada.
Al otro día, concretada la renuncia de Chávez y llevado a las instalaciones militares de la isla La Orchila, dentro de la improvisación que reinaba, ninguno de los altos oficiales que solicitaron la renuncia a nombre del pueblo venezolano, aceptó tomar las riendas del poder y asegurar el orden democrático. Ni siquiera aparecían el vicepresidente y la directiva de la Asamblea Nacional que habían abandonado sus funciones y estaban escondidos.
Fue así que por una suerte de viveza andaluza, Pedro Carmona Estanga, que había liderado marchas y manifestaciones con Carlos Ortega, apareció juramentándose a sí mismo en un acto en Miraflores, bufo en su estilo y patético en cuanto a la duración de su gobierno.
Robert Carmona-Borjas, profesor de la Universidad Simón Bolívar en aquél entonces, se convirtió en un testigo de excepción de estos hechos y las distintas gráficas y videos de esos días así lo demuestran. El 12 de abril a las 8:00 de la mañana, llegó Carmona-Borjas al Palacio de Miraflores. Le bastó mostrar su credencial que lo acreditaba como profesor de la Universidad Simón Bolívar. Supuso que por la coincidencia del apellido creyeron que era el hijo de Carmona Estanga. Llegó hasta el despacho del Ministerio de la Secretaría y encontró al general (Ej) Enrique Medina Gómez, quien lo había convocado en la madrugada de ese día para que fuera a ayudar. Medina Gómez les dijo a Daniel Romero, Isaac y Vicente Pérez Recao que el profesor Robert Carmona era su persona de confianza y que los iba a ayudar.
Y fue lo que hizo. Buscó teléfonos, habló con periodistas y políticos. A las 4:00 de la tarde le informan al ministro de la Secretaría nombrado por Carmona Estanga que una comisión de la Fiscalía General de la República lo solicitaba. Venían a practicar un supuesto allanamiento a su despacho. Daniel Romero le pidió al Prof. Carmona que supervisara la ejecución. Así, los hizo pasar y les preguntó el propósito de la visita. Uno de ellos que se identificó como Pedro Sanoja le dice que había iniciado una averiguación con la fiscal Mercedes Prieto para determinar los hechos referentes al financiamiento de los Círculos Bolivarianos con las partidas del Ministerio de la Secretaría.
El Juzgado 28 de Control había emitido la orden de allanamiento para recabar las pruebas y que por eso estaba allí. Lo acompañaba un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Carmona no podía creerlo. Se pretendía realizar un allanamiento por una denuncia hecha diez meses atrás y llevarse las pruebas precisamente el día que se constituía el nuevo gobierno. Sospechó, pero como se trataba del mandato de un tribunal no obstaculizó el procedimiento. Se limitó a pedirles las credenciales y la orden de allanamiento.
La primera pista del montaje la encuentra en la orden de allanamiento. Habiendo sido emitida en octubre de 2001 y la ejecutaban siete meses después. Como precaución, le pidió a un soldado que fotocopiara el documento junto con las credenciales e identificación de los funcionarios.
Con la copia en la mano, le pidió a Sanoja que leyera el último párrafo de la orden de allanamiento que él había traído, y que viera que el mismo juez que la emitía había establecido por escrito en ese mismo documento que la medida debía practicarse como fecha límite en diciembre 2001 y que después de esa fecha el oficio no tendría validez.
Carmona le entregó la orden y su tarjeta de presentación. Le dijo que cuando tuviera el documento vigente, lo llamara, que lo ayudaría en lo que fuera necesario. Haberle entregado la tarjeta con su nombre y teléfono le costó que, el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez declarara luego en todos los medios de comunicación del país que Robert Carmona-Borjas había impedido el allanamiento a las oficinas del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia en el Palacio de Miraflores. Algo absolutamente falso, con el agravante de que señaló que Carmona-Borjas había retenido la orden, con lo que lo inculpó de un delito. Eso bastó para que efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar allanaran su casa y oficinas, lo que obligó a Carmona a huir del país y refugiarse en los EEUU, convirtiéndose así en el primer venezolano que el gobierno estadounidense le concede el asilo político bajo el régimen de Chávez.
A continuación un enlace al extracto de una de las entrevistas que sobre el tema ofreció el ex-fiscal general Isaías Rodríguez inculpando al profesor Carmona-Borjas por hechos del 11 de abril. Programa “Entre Noticias” con la periodista Nathaly Salas Guaithero transmitido por Globovisión. Archivos de Globovisión. Enlace: https://youtu.be/d1rs9R6v8rs
El caso de asilo de Carmona-Borjas puso de manifiesto la vulnerabilidad de aquellos que de una u otra forma adversaban al gobierno de Chávez y la necesidad de proteger a los perseguidos políticos.
Ahora bien, volviendo al tema, el delito lo comete el fiscal. Sanoja no solicitó la orden con “gran diligencia el 12 de abril” como expresó a los medios el fiscal Isaías Rodríguez, ni Carmona-Borjas impidió el procedimiento judicial. La orden estaba vencida, había caducado en diciembre de 2001.
Veintiíun años después
Han pasado veintiún años de los sucesos de abril, ya Isaías no es fiscal, aunque por un tiempo se creyó que sería vitalicio, tampoco es embajador en Italia, puesto al que renunció para postularse a la írrita asamblea constituyente de Nicolás Maduro, la que abandonó cuando se dio cuenta que sus opiniones importaban menos que un comino.
Volvió a Italia y desde Roma envió una carta cursi y lastimera en la que renunciaba a seguir acompañando al gobierno, entre otras razones por su edad y porque tenía ganas de jugar con los nietos. Todavía no ha hecho su declaración de bienes, se desconocen sus medios de vida, pero almuerza con buen vino en buenos restaurantes.
Una vez establecido en los Estados Unidos, Carmona-Borjas continuó su carrera académica y su lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Su experiencia personal durante los eventos del 11 y 12 de abril de 2002 le proporcionó una perspectiva única sobre la situación política en el país y la importancia de abogar por el cambio y la justicia.
Mientras tanto, en Venezuela, el régimen de Hugo Chávez se volvió más autoritario y represivo, y la polarización política aumentó, tras los eventos de abril de 2002. A pesar de esto, la lucha por la democracia y la justicia en Venezuela continuó, con miembros de la diáspora venezolana que desempeñan sin mucho ruido un papel muy activo desde el exilio.
A más de dos décadas de los sucesos del 11 y 12 de abril de 2002 en Venezuela, el papel de Robert Carmona-Borjas como testigo de excepción de aquellos eventos sigue siendo relevante en el contexto histórico y político del país. Su experiencia personal y su posterior lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela desde el exilio han dejado una huella indeleble en la historia contemporánea del país. Su libro, “Más allá de la génesis del 11 de abril. Vivencias de un testigo de excepción” con prólogo del Embajador Otto J. Reich es un relato histórico de referencia.
Los eventos de abril de 2002 y el caso de Carmona-Borjas son un recordatorio de la importancia de proteger y defender la democracia, la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. La historia de Carmona-Borjas nos enseña que, a pesar de las adversidades y la persecución política, el espíritu de lucha por la libertad y la justicia siempre prevalecerá.
A lo largo de los años, Robert Carmona-Borjas se ha convertido en un símbolo político de bajo perfil, pero de una resistencia, persistencia y ejemplo de resiliencia de los que luchan por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y el mundo. Su compromiso con la causa de la democracia y la promoción del respeto de los derechos humanos de todos, ha sido una constante en su vida, a pesar de las dificultades y los desafíos que ha tenido que enfrentar.
Carmona-Borjas fundó en el año 2007 la Fundación Arcadia junto a la ugandesa Betty Bigombe, y desde esa plataforma y de manera silente, pero firme y constante, ha trabajado incansablemente para dar apoyo humanitario a la diáspora venezolana y para crear conciencia sobre la situación en Venezuela y abogar por la justicia y el cambio político en nuestro país. Ha sido una mano amiga para la diáspora venezolana y en la comunidad internacional se le destaca por su defensa de los derechos humanos y por promover los principios democráticos en la región.
La situación política en Venezuela sigue siendo incierta y desafiante, de ahí que la lucha por la democracia y los derechos humanos debe continuar. Figuras no mediáticas como la de Robert Carmona-Borjas demuestran que la resiliencia es posible y que entre todos, sin tanto protagonismo mediático, podemos lograr el apoyo mutuo entre los venezolanos, así como la libertad y el rescate de los valores morales y democráticos de Venezuela.