La espera de la reapertura de fronteras ha sido larga para los marinos ubicados en La Vela de Coro, estado Falcón, principal puerto de exportación de productos venezolanos hacia Curazao. Las condiciones actuales de la Plaza Antillana, el muelle pesquero y el paseo Francisco de Miranda, así como la diáspora de marinos y la inoperatividad de 33 embarcaciones reflejan el impacto del cierre que se decretó en febrero de 2019.
Por Jhonattam Petit | Crónicas del Caribe
Desde entonces, los trabajadores marítimos venezolanos tratan de resistir los embates de la crisis económica. Ninguno de ellos ha podido emprender su propio negocio en la Venezuela dolarizada porque la economía veleña depende del intercambio comercial con Curazao. La pesca artesanal solo es suficiente para calmar el ruido que produce el hambre en sus estómagos.
Ante la posible reapertura de fronteras con las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), la oficina del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), ubicado en La Vela, a cargo del capitán Luis Lopéz Canelón, inició un censo público dirigido a marinos de esta localidad, con el fin de construir una base de datos para evaluar si los trabajadores del mar están en condiciones de zarpar hacia aguas internacionales.
La jornada inició en el mes de diciembre del año 2022 y hasta el momento de cerrar esta nota solo se han censado 160 marinos. Los trabajadores del mar deberán renovar y actualizar sus documentos para obtener el permiso de zarpe, de cara a una reapertura de fronteras marítimas con las islas neerlandesas.
La tarifa de los trámites está fijadas en euros (EUR), según la tasa del Banco Central de Venezuela, por concepto de expedición, renovación, legalización y certificación de los documentos. Se necesitan hasta 600 euros para renovar todos los documentos a tiempo, a pesar del 30% de descuento dirigido a los marinos del puerto.
Según cifras oficiales, el 80% de los censados poseen los documentos vencidos, lo que impide que puedan embarcarse si las autoridades anuncian la reapertura para el primer trimestre del año 2023.
Para navegar se necesita como mínimo un documento llamado forma Q o cédula marina, que tiene un costo de 146 bolívares y un certificado de suficiencia (MODUS) valorado en 293,71 bolívares. Sin embargo, la certificación y renovación de otros documentos exigidos por las autoridades venezolanas, tiene un costo de 400 a 800 bolívares. Los precios varían cada semana, según la fluctuación de la tasa de cambio.
Para algunos es imposible actualizar y renovar sus documentos. Narran que no tienen ingresos para continuar con los trámites y asistir a los cursos de la Organización Marítima Internacional (OMI), requisito indispensable y que cuesta 623,38 bolívares.
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