La Asamblea Nacional electa en 2015 decidió, con el voto mayoritario de los principales partidos de la oposición, Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), (con 72 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones), poner fin a la presidencia interina de Juan Guaidó. Tal sentencia pone en entredicho el reconocimiento que el interinato había alcanzado por parte del gobierno de los Estados Unidos y de otros países europeos, así como de organismos internacionales, por otra parte, supone el cese de la actual representación del gobierno interino en esos mismos organismos internacionales y embajadas, además de generar incertidumbre sobre la situación de los activos en el extranjero.
A renglón seguido, la Asamblea eligió una nueva directiva. La diputada Dinorah Figuera, miembro del partido Primero Justicia, resultó designada como presidente del Parlamento, y completan la terna, como primera y segunda vicepresidente, otras dos diputadas, las tres dirigentes son, para la mayoría de la militancia opositora, unas desconocidas, y de paso, todas residen en el exterior, circunstancia, que consideramos que socaban la representatividad, la eficacia y el liderazgo de la oposición.
Una vez conocida la noticia, el gobierno norteamericano declaró que respetaba la decisión de la AN de suprimir el mandato de Guaidó, y sigue reconociendo en ella una institución legítima, del mismo modo, ratificó su oposición al gobierno de Maduro.
Mientras que en algunos sectores de la opinión pública, afecta a la oposición, la medida produjo rechazo, Andrés Oppenheimer, destacado comentarista de los temas latinoamericanos para el Miami Herald, afirmó que esta resolución implica para la oposición “un virtual suicidio al desmantelar su más visible posición de liderazgo”, agregando que “se ha disparado en el pié, sino en la cabeza” y considera el fallo como “uno de los mayores errores cometidos por la oposición democrática” ( Miami Herald, 5 de enero de 2023, p.11). En el mismo artículo el entrevistado Elliot Abrahams, representante para Venezuela durante el gobierno de Donald Trump, calificó la medida como “un error que va a dañar a la oposición”.
Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional, escribió al respecto: “Insisto en preguntarme y preguntar a quién quiera escucharme: ¿Qué hay detrás? ¿La mano peluda y verde del madurismo? ¿El objetivo de enterrar las responsabilidades en el caso Monómeros, en la que los tres partidos tienen responsabilidades? ¿Un plan para neutralizar a Juan Guaidó?
Hay un consenso en estos comentarios y es que el gobierno de Maduro sale fortalecido. El problema de fondo, a nuestro juicio, es que buena parte de la oposición considere a los dirigentes de los partidos que promovieron la medida, como subalternos al gobierno, en la misma línea de conducta de otras instituciones y personalidades, que otrora eran considerados de oposición y hoy en día están en concierto con el gobierno. Esta circunstancia pone a la oposición genuina en una especie de limbo, que significa haber perdido el control de la representación formal que significa la Asamblea Nacional, vigente desde el 2015 y reconocida por una parte importante de la comunidad internacional.
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