Después de siete años de un bloqueo casi total, mañana por fin se reabrirá la frontera entre Colombia y Venezuela. Aunque no sin dificultades, se espera que vuelva el tránsito regular de bienes y personas, y con ello algo de oxígeno para ciudades, empresas y personas de lado y lado que han sufrido las consecuencias de un cierre dañino y peligroso. Era hora de hacerlo.
Cerrar la frontera y haberla mantenido así durante tanto tiempo fue un sin sentido por donde se le mire. Es cierto que Venezuela ha sido un vecino desafiante, con relaciones marcadas por la tensión, la crisis migratoria y la debacle de su democracia. Pero allí donde la diplomacia debía funcionar brilló por su ausencia por demasiado tiempo. El cerco diplomático que tanto promocionó la pasada administración fracasó: Maduro sigue atornillado al poder, las zonas fronterizas sufrieron la peor parte y es difícil encontrar algún beneficio para Colombia de dicha política.
Las consecuencias negativas son en cambio palpables. Quebraron empresas y se perdieron miles de empleos e ingresos aduaneros. Las poblaciones limítrofes y los millones de migrantes que cruzaron a Colombia en condiciones inseguras buscando refugio han sido los mayores damnificados, por no hablar del comercio y la seguridad. En una frontera extensa, porosa y abandonada a su suerte sin dios ni ley, floreció la ilegalidad en todas sus formas. Se abrieron nuevas rutas de narcotráfico, un contrabando desaforado y la trata de personas vulnerables que debían cruzar por trochas clandestinas. Allí donde el Estado desapareció, las estructuras criminales entraron a copar y controlar esos espacios, un problema que conocemos demasiado bien en Colombia.
Ante esa crisis humanitaria y de seguridad, la reapertura era un imperativo y uno de los hitos más esperados luego del restablecimiento de las relaciones que emprendió el Gobierno Petro. Empero, abrir el paso no es una solución mágica ni inmediata. La frontera de hoy no es la misma de hace siete años. El cierre creó nuevos problemas, pero también profundizó los que ya existían. Luego de una parálisis tan larga hay infraestructura deteriorada, debilidad institucional y falta de coordinación entre los dos países. Tampoco será fácil desmontar las estructuras criminales que controlan el territorio, las rentas y el tránsito de personas ni el contrabando, que ha sido tan provechoso para las autoridades venezolanas.
A eso se suman las preocupaciones entre los empresarios colombianos por posibles incumplimientos en los pagos de sus socios comerciales —que ya han ocurrido en el pasado— y por las sanciones internacionales que recaen sobre Venezuela y sus productos. Hacen falta garantías y reglas de juego claras, mecanismos nuevos de cooperación entre ambos países e inversiones millonarias de lado y lado. El simbolismo de la apertura apenas marca el inicio de un proceso largo y enrevesado que tiene aristas diplomáticas, políticas, comerciales y de seguridad.
Por eso las grandes expectativas que se han generado deben ir acompañadas de prudencia y de paciencia. La reapertura y la diplomacia son el camino, pero Colombia nunca debe perder de vista que está tratando con una dictadura. Pese a la tímida reactivación de los últimos meses, la Venezuela de Maduro sigue siendo un Estado sin democracia ni garantías para los derechos humanos, y que en la ONU fue señalado esta misma semana de cometer crímenes de lesa humanidad. Lo que le espera a Colombia es un difícil acto de equilibrismo entre avanzar con el restablecimiento de las relaciones y no dejar de apoyar el retorno de la democracia en Venezuela.
Nota publicada originalmente en EL ESPECTADOR de Colombia