Los familiares de la enfermera Ángela Josefina Contreras de 59 años, asesinada vilmente el 11 de junio del año pasado en el interior de su casa, por Ender Luis Ruiz González de 27 años, excustodio del albergue de menores de San Fernando de Apure, piden al fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, realizar una investigación exhaustiva en el tribunal ordinario que llevó esta causa judicial, y que se le aplique al responsable de este abominable hecho, una pena de 28 años de cárcel.
María Eugenia Díaz // Corresponsalía lapatilla.com
En tal sentido, los agraviados señalan que la pena impuesta por el tribunal de Apure no está acorde con los delitos cometidos: femicidio y robo. A su vez, denuncian que la decisión fue tomada por el tribunal ordinario, y no por el tribunal de violencia de género, como indica la ley, luego de que supuestamente el acusado pagó la suma de 2.000 dólares a los fiscales y al juez de esta causa.
Contreras, dos días después del crimen, fue encontrada muerta y en avanzado estado de descomposición, en el interior de su casa, situada en la urbanización Mucuritas, municipio Biruaca en el estado Apure.
Tras casi un año y dos meses, los familiares de la víctima piden al tribunal de Apure “una justicia verdadera”, porque manifiestan que el proceso judicial en contra de este ciudadano no está ajustado a derecho.
Esta información fue dada por Lucinda Contreras, hermana de la occisa, quien en nombre de su familia, rechaza la aplicación de una pena de 13 años, en un caso de femicidio y robo.
“Este ciudadano pagó esta suma de dinero para comprar a los fiscales y al juez. No fue juzgado por feminicidio, sino más bien por homicidio calificado, a pesar de que la degolló, le introdujo un trapo en la boca, le dio puñaladas y la decapitó, la amordazó, es decir, allí hubo premeditación, alevosía y motivos fútiles. Le bajaron la pena porque supuestamente el señor no tenía antecedentes penales. Por eso omitieron los agravantes (premeditación, motivo fútil, alevosía y es un funcionario público), y lo beneficiaron con los atenuantes”, dijo para La Patilla.
Contreras reveló que el Ministerio Público (MP) nunca citó a los familiares en calidad de víctimas indirectas para realizar la audiencia. “Pedimos que este juicio se haga de nuevo, esperamos que sea juzgado por un feminicidio. No es posible una pena de 13 años si mató de forma monstruosa a mi hermana”, dijo la mujer.
Recuerda a su hermana como una madre soltera, trabajadora, licenciada en enfermería, cristiana evangélica, repostera, quien vivía sola. Fue asesinada cruelmente por el “monstruo de Biruaca”.
“Un funcionario público, quien se ganó la confianza de la familia, la visitaba frecuentemente, le hacía los mandados y por eso no fueron violentadas las puertas. Tenían tres años conociéndose, se congregaban en la misma iglesia”, agregó Contreras.
Agradeció el trabajo realizado por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc-Apure), porque asegura que este ente de seguridad llevó a cabo una investigación minuciosa en este caso de asesinato. “Le robó el aparato de Wifi, la computadora y el teléfono celular. Antes de matarla ya había negociado estos aparatos”, manifestó.
A mediados del mes de abril de este año, familiares apelaron la decisión y denunciaron que no le han permitido acceder al expediente al abogado de las víctimas indirectas. Esperan que la Corte de Apelaciones haga justicia en este caso.
