elecciones presidenciales en Colombia ya habrán ocurrido y definirán al ganador en la segunda vuelta antes de que este texto sea publicado. Cualquiera que sea el resultado, los desafíos serán grandes para el nuevo mandatario porque están en juego gobernabilidad, por un lado, y gobernanza, por el otro. La gobernabilidad significa la capacidad de un sistema político, a través del Estado o del gobierno, de responder a las demandas sociales de una manera eficaz y legítima. La gobernanza apunta, en cambio, a cómo se gobierna, a las reglas de juego establecidas que aseguran un consenso entre actores estratégicos y población, así como la necesaria estabilidad para que las demandas sociales sean respondidas o satisfechas con transparencia y eficiencia.
Hoy se contraponen dos modelos de democracia y de gestión pública en el ejercicio del poder con Hernández y Petro. La confrontación más significativa está en el dilema al cual se han enfrentado los electores entre dos modos de entender la democracia y dos formas de ejercer el poder. O bien se trata de una concepción liberal de la democracia que busca la inclusión social y a la vez combate el personalismo y la estructura clientelar en la participación política, que han sido vicios reiterados y la mayor amenaza contra instituciones y valores democráticos o la corrupción que carcome todo esfuerzo institucional de cambio social. O bien se trata de una visión estatista y dirigista de la democracia, que tiende a favorecer una visión mesiánica y caudillista, con la confluencia de actores muy heterogéneos, a la vez que excluye a los sectores considerados “anti-pueblo” u oligárquicos y reivindica todos los derechos, pero no exige deberes ni obligaciones a los ciudadanos.
En el caso de Petro se han juntado, desde los nostálgicos de la redención social de los dogmas del socialismo histórico autoritario o “socialismo real” de cuño estalinista, o los idealistas románticos de la justicia social sin aclarar cómo financiar las correspondientes políticas públicas, hasta grupos criminales provenientes de las FARC o el ELN, o integrantes de carteles narcotraficantes como los del “Clan del Golfo”, o personas como los asesores de estrategias de comunicación y ataque contra los contendientes, cuyas conductas -ha quedado claro- tienen implicaciones penales. Así lo ha visto la opinión pública, asombrada por la bajeza y ruindad de los intentos de destrucción del adversario, marcados por la anomia moral del “vale todo”, en los videos filtrados desde el propio entorno de Petro y recibidos anónimamente por los medios de comunicación social.
La coalición petrista responde a pactos y adhesiones acomodaticias de carácter utilitario, a la manera de las alianzas populistas que han tenido lugar en los países de América Latina donde irrumpieron estos movimientos de ruptura del statu quo en el siglo XX, sea como movilización de sectores antes excluidos, sea como reacomodo de las élites tradicionales.
En el caso de Hernández, su impulso apunta a una coalición por Colombia, con dos propósitos prioritarios: acabar con la corrupción y componendas de los grupos de poder o de los partidos políticos a los que llama “politiqueros” y erradicar la pobreza con políticas sociales de apoyo a las actividades económicas más deprimidas como el sector productivo agropecuario o las pequeñas y medianas empresas, golpeadas por el impacto de la pandemia de covid 19. Propone, además, empujar entre los sectores más vulnerables la superación y ascenso social mediante programas educativos de muy alta calidad. En este sentido, la vicepresidenta escogida para acompañarlo en su gobierno, está más que mejor preparada para lograr estos objetivos. Ella misma es ejemplo de que sean los méritos los que definan las responsabilidades en los cargos públicos.
Al apelar a todos los compatriotas que quieran apoyarlo para llevar a cabo sus propuestas de gobierno, sin establecer ni alianzas ni compromisos pagaderos con posteriores prebendas o parcelas de poder, ni a personas ni a partidos políticos, está buscando establecer nuevos modos de gestión política entre los diversos poderes del Estado y en la ciudadanía. Esto plantea el riesgo de ingobernabilidad entre los opositores al desarrollo de su proyecto de país.
Esperemos que sean preservadas la democracia y las libertades ciudadanas con equidad. Y se mantenga como apuesta, con el mandatario nacional electo, un mejor futuro para el país. Con ambos aspirantes, ante un país martirizado por altos índices de desigualdad y pobreza y por una violencia persistente de parte de grupos irregulares, hay un riesgo imprevisible, ya sea porque se produzca un retroceso a causa de la demagogia populista en relación con los logros alcanzados desde la instauración de un Estado social de derecho con la Constitución de 1991, ya sea porque se incite una permanente subversión de los que intentan destruir las instituciones vigentes o de los adversarios de la lucha contra la corrupción.