La destrucción de Venezuela parece constituirse como la única bandera del régimen que hoy encarna Nicolás Maduro. No se puede pensar de otra manera cuando observamos, por ejemplo, como las erradas políticas económicas desencadenaron un proceso hiperinflacionario de los más largos y ruinosos que ha conocido el mundo. La hiperinflación en nuestro país, según han señalado los expertos, comenzó en noviembre de 2017 y culminó a comienzos de 2022, es decir, tuvo una larga duración y se ubica como la tercera más prolongada, tras la de Nicaragua (58 meses entre 1986-1991) y la de Grecia (44 meses de 1941 a 1945). Además, consideran los expertos que ha sido la más severa de América por sus elevados índices hiperinflacionarios.
Si bien es cierto que salimos de la hiperinflación, en otras palabras, se cumplieron 12 meses con una variación intermensual por debajo del 50% de inflación, esto no quiere decir que el problema ha concluido y que vamos camino a mejorar. De hecho, Venezuela se mantiene y por lejos en la actualidad con la tasa de inflación más alta del mundo, sobre Sudán, Zimbabwe y Yemen, razón por la cual el alza que ha experimentado el dólar, que ya comienza a devorarse el pírrico aumento de salarios de marzo, hoy genera una profunda preocupación entre los venezolanos.
Lo cierto es que frente a toda esta debacle, nada hicieron, nada están haciendo y nada harán, todo en aras de preservar un modelo ideológico fracasado y anacrónico, que se sostiene sobre las bases de la destrucción de la institucionalidad democrática del país, que a su vez ha sido la base que ha permitido a Maduro enquistarse en Miraflores.
Esa destrucción de la institucionalidad democrática venezolana tuvo su punto más acentuado con las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en 2017, que declaró en desacato a la todavía hoy legítima Asamblea Nacional electa en 2015, para dar más poder al régimen. Así, la crisis política, económica y social creció como un monstruo sin control, para provocar una emergencia humanitaria compleja sin precedentes en la historia republicana moderna de Venezuela.
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Por todo lo anterior, el término institucionalidad lo hemos escuchado cada día con mayor frecuencia en estos últimos 22 años, en ese largo y triste período en que los padecimientos de los venezolanos se agudizan a diario. Pero, ¿entendemos realmente lo que significa la institucionalidad y su valor? ¿Estamos claros de que debemos construir en función del pronto renacer de la institucionalidad democrática en Venezuela?
El político francés Jean Monnet fue el que dijo que “los hombres pasan, pero las instituciones quedan”, quien además remarcó que “nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin
instituciones”.
Aunque la institucionalidad posee diversas conceptos o enfoques, nos vamos a referir a las instituciones políticas, entre las cuales se encuentran los partidos políticos, que son los permiten la integración de los ciudadanos y el poder actuar en su representación con base en sus intereses colectivos. Y por su puesto, lo haremos como integrantes de Voluntad Popular, organización política que en la actualidad avanza en la recuperación de esa institucionalidad, una materia urgente frente a la situación país.
Voluntad Popular, desde su nacimiento hace más de una década, es mucho lo que ha logrado en política interna y externa. Inclusive al momento de ejercer estas políticas ha sido de vital importancia en la posición que hoy tenemos a la vista de todos, como es el caso de la presidencia de la AN en manos de Juan Guaidó, quien además desde enero de 2019 se desempeña por mandato constitucional como presidente encargado de Venezuela.
Para recuperar la institucionalidad venezolana se requieren partidos fuertes y en ese sentido Voluntad Popular transita por una fase de legitimación de sus estructuras, que es una reingeniería de su aparataje humano en todos los rincones de Venezuela, para estar blindados de cara a los procesos electorales que se avecinan, porque para poder dar soluciones a los ciudadanos debemos alcanzar las instancias en que podamos hacerlas efectivas.
Ha sido un proceso de amplia participación de las bases del partido, que son las que determinarán los liderazgos en forma transparente.
En paralelo a ese proceso, se impulsa una una consulta interna para abordar temas cruciales para nuestro partido y, en consecuencia, determinante para la toma de decisiones a futuro. Nos referimos a los aciertos y desaciertos de Voluntad Popular en sus decisiones en los últimos tres años y nuestras relaciones con otros partidos de la Plataforma Unitaria. Todo esto con el objeto de nutrirnos de las experiencias del pasado, para disminuir el riesgo de errores y unirnos más.
Entendemos que el fortalecimiento, arraigo y permanencia de los activistas dentro de nuestra organización debe ser una política que solo se mantendrá en el tiempo si anteponemos la institucionalidad, el respeto al trabajo, la meritocracia y el reconocimiento a los liderazgos, porque solo ello fortalecerá su autoestima, garantizando su permanencia y a su vez gozar de su capital intelectual político que en el tiempo hemos sembrado con nuestra doctrina.
En el caso del sector Voluntad Popular Gremios, que coordina a nivel nacional quien escribe, ha dedicado el tiempo y los esfuerzos a imantar a ciudadanos que no son activistas de nuestra organización pero que tienen cualidades para ello, así como aglutinar a diversos sectores sociales y profesionales, que permitan capitalizar y direccionar una política en el hecho común de generar un cambio de gobierno y colocar el punto final a esta crisis que nos agobia a todos por igual.
El camino para ello es la institucionalidad, que representa un poder para las organizaciones políticas, porque se traduce en respeto, participación, claridad en las normas, lealtad y unión en los objetivos. Así seremos más fuertes y funcionales en nuestra misión de servir de la mejor manera a los ciudadanos, quienes son los que siempre colocan de primero aquellos servidores públicos que realmente merecen llamarse políticos.
Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.