No era tan difícil. La compañía estatal venezolana dueña del misterioso avión que aterrizó en la Argentina, Conviasa, está en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en inglés Office of Foreign Assets Control (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta entidad de Estados Unidos se encarga, entre otras cosas, de elaborar una lista de personas físicas y jurídicas con las cuales está prohibido operar, basada en lo que considera una amenaza para su seguridad nacional.
El “target” son determinados países y regímenes terroristas, narcotráfico, actividades relacionadas con armas de destrucción masiva, entre otros. Si no se tienen en cuenta las alertas, las sanciones pueden ser durísimas en términos de multas y acciones puntuales relacionadas con el comercio exterior, entre otras cosas.
Como señala Raúl Saccani, que preside la Comisión de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, en la página web de la OFAC, si se tipea Conviasa, la compañía dueña de los aviones de carga de su filial Emtrasur (que aterrizó en la Argentina), no hay dudas. Aparece en el listado. Brindarle algún tipo de producto o servicio puede derivar en más que un dolor de cabeza, sobre todo una compañía que cotiza en la bolsa de Estados Unidos.
YPF y Shell, que operan en Ezeiza, lo saben y se negaron a proveer el combustible que necesita el Boeing 747, que sigue varado en la terminal. Axion, por su parte, también se plegó. Conviasa está en las listas que manejan las petroleras, entre ellas la de la OFAC.
La realidad es que no importa si los tripulantes y pasajeros son instructores, como dijo el titular de la AFI, Agustín Rossi. La compañía de aviación tenía un alerta internacional que no fue tenida en cuenta por el Gobierno, pero sí por las empresas argentinas que tienen sistemas informáticos en los cuales “salta” un nombre con el cual es mejor no realizar transacciones de ningún tipo. En este caso, las empresas fueron más eficientes y expeditivas que el Gobierno, si se toma la hipótesis de que los organismos nacionales actuaron de buena fe.
Daniel Alonso, un abogado argentino que vive en Estados Unidos y fue fiscal en Manhattan, explica que la gran mayoría de las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos cumplen con el régimen de sanciones porque tienen ciertas obligaciones de divulgar información relacionada a Irán a la SEC (la Comisión de Valores de Estados Unidos).
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