Al menos 43 funcionarios del Estado venezolano han sido detenidos en los últimos tres meses por estar inmersos en delitos, como tráfico de drogas, contrabando de combustible, extorsión, agavillamiento, peculado de uso, robo y enriquecimiento ilícito, según datos que ha publicado el Ministerio Público en su cuenta en Twitter. El régimen de Nicolás Maduro creó la denominada “Operación Mano de Hierro” para desmantelar a la delincuencia organizada y a finales de enero cayeron las primeras víctimas que involucran a dos alcaldes chavistas, una diputada de la Asamblea Nacional, fiscales, concejales y hasta un general.
Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA
Para la politóloga, Marisol Bustamante, la medida se trata de una “simulación de la justicia” para hacer creer que en Venezuela se combate la corrupción y que el Ministerio Público actúa con total autonomía, justo cuando faltan dos meses para que el Estado presente avances ante la Corte Penal Internacional (CPI), sobre si ha investigado crímenes de lesa humanidad.
“Si bien los delitos de tráfico de drogas y contrabando de combustible no son crímenes de lesa humanidad, al Gobierno le interesa limpiar su imagen a nivel internacional. La realidad es que no se están haciendo investigaciones exhaustivas, porque en el caso del contrabando de combustible más de la mitad de los alcaldes deberían estar detenidos por el desvío que se hace de gasolina y gasoil al mercado negro, y eso no está ocurriendo”, apuntó Bustamante, defensora de derechos humanos.
Dos duros golpes contra la delincuencia organizada recientemente ha anunciado Tarek William Saab, fiscal general de la República, el primero es la privativa de libertad el 28 de enero de la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, en Zulia, Keyrineth Fernández y la diputada nacional Taína González, además de Samuel Alvarado, de la Policía Municipal y los exdiputados Luis Viloria y Jeycar Pérez imputados por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, utilizando camionetas para transportar droga por todo el territorio y sacarla desde Falcón hacia el exterior. En el hecho, al menos han sido encarceladas 27 personas.
El otro caso mediatizado fue el 29 de enero, con la detención del alcalde chavista del municipio Independencia en Anzoátegui, Carlos Rafael Vidal Bolívar, el exburgomaestre Daniel Haro Méndez, Manuel Junir Gil Da Silva, fiscal superior del estado Bolívar, Jorge Peña, fiscal superior de Delta Amacuro y el general de división, Marco Tulio Álvarez Reyes, jefe de la ZODI Anzoátegui por desviar y comercializar gasolina para abastecer a grupos irregulares dedicados a la minería ilegal.
Ali Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene que a pesar de lo rimbombante de los cargos, las capturas no se tratan en realidad de altos cargos dentro del Gobierno. Esto, en un Estado donde la corrupción se ha normalizado en los últimos 23 años. De hecho, Venezuela se ubicó en enero de 2022 entre los cinco países más corruptos del continente, según un informe de la organización Transparencia Internacional.
“Hasta ahora, el sistema de justicia sólo ha hecho un antejuicio de mérito contra una diputada del PSUV. A quienes se están capturando no son en realidad altos funcionarios, porque los altos funcionarios son los que tienen el privilegio del antejuicio de mérito. Entonces a partir de allí podemos ver que no se está yendo al tope de las responsabilidades. Adicionalmente, han detenido a menos del 1% de los alcaldes del país”, precisó Daniels.
Considera que lo que está detrás de este operativo es un reajuste de la distribución del poder dentro del oficialismo.
“Está muy clara la gravedad y la profundidad de la corrupción que hay en el Gobierno y se pretenden utilizar estos casos para ver que se está haciendo una limpieza y por eso estos nombres tan inflados, como Mano de Hierro, caiga quien caiga. Sin duda, sólo caen los más débiles de la cadena, sería una investigación seria si viéramos algún ministro procesado”, destacó.
Poder para pocos
Según Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público y especialista en crimen organizado transnacional, desde que se comenzó a registrar la caída de la producción petrolera y el gobierno de Maduro fue sancionado por Estados Unidos, en Venezuela se “democratizó el crimen”.
“Durante la época de mayor dificultad económica para mantener las lealtades dentro de la dictadura, el régimen se ve en la necesidad de ser permisivo y esto es la democratización del crimen organizado. Es decir, permitir que funcionarios altos sin pedir permiso, sin tributar a un jefe, cometan multiplicidad de delitos, como el tráfico de combustible, el tráfico de materiales estratégicos, como el oro. Pero esto ha venido cambiando en ese proceso de falsa normalización del país, porque llega un punto que esa democratización genera incomodidades a la cúpula que maneja ciertos negocios”, exclamó.
A su criterio, con estas detenciones el oficialismo está tratando de hacer ver que en Venezuela no hay una debilidad institucional, y que el poder sólo puede ser manejado entre pocos.
“Por ejemplo, ese cobro en las estaciones de servicio que hacen militares, ¿por qué tiene que existir si hay un tráfico de gasolina a gran escala? Si sacan barcos a través de ministros que ganan millones o funcionarios de Pdvsa que lo hacían desde la época de Rafael Ramírez, los vendía y los pagaba a cuentas particulares. Si tienen ese jugoso negocio, por qué arriesgarlo al democratizarlo, llevándolo a la posibilidad de que lo ejecuten una gran cantidad de funcionarios que generan una perturbación de un servicio público y una sensación de debilidad institucional”, analizó Mundaray.
MP es donde hay más corrupción
Según el fiscal general, Tarek William Saab, en los últimos años 291 fiscales han sido procesados por hechos de corrupción, de los cuales 18 están privados de libertad, 31 tienen medidas cautelares, 160 se encuentran imputados y 28 fueron condenados.
Desde diciembre a la fecha, al menos cinco fiscales han sido detenidos por narcotráfico, tráfico de combustible, robo, extorsión. También han estado involucrados otros cinco exfiscales del Ministerio Público. El más reciente se registró el 9 de febrero, cuando fueron detenidos Veikler Arenas y Osmarlys Lariles Suárez, exfiscales del estado Portuguesa por, presuntamente, apropiarse de 15 vehículos depositados en estacionamientos judiciales.
Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene que el número de funcionarios del Ministerio Público implicados en delitos es escandaloso, y que el fiscal, William Saab debe asumir responsabilidades.
“William Saab dice que el 80% de los fiscales procesados los cubrió Luis Ortega Díaz y que solamente el 20% los cubrió él. El problema es que en Venezuela no se aplica la responsabilidad de los funcionarios públicos eligiendo. Es decir, si usted está escogiendo a dedo a alguien al menos asuma la responsabilidad que lo pueda escoger mal. El hecho de que la mayoría de los que han enjuiciado hayan sido de una administración anterior, pone en evidencia que esto es una práctica recurrente de no ser exigente en las calificaciones de las personas que son escogidas”, expresó.
“Hay una lucha dentro del PSUV y la Asamblea Nacional, personas que dicen que Tareck William Saab perdió el control de la fiscalía y que debe salir. Por eso, Tareck está tratando de generar una imagen de que está limpiando al Ministerio Público de los corruptos, porque desmontó todos los sistemas de controles, no se llevan los controles de seguimiento de casos, disciplina, revisión y doctrina ya no revisa los casos, apoyo jurídico botó a quien era su aliado en apoyo jurídico, es decir, toda la institucionalidad está al borde del caos. Él lo sabe y sabe que muchos abogan o están tratando de convencer a Maduro de que lo saque, por eso dice que lucha contra la corrupción para ver si sobrevive”, comentó Zair Mundaray, exfiscal.
“Hay una justicia parcializada”
Según el politólogo, Horacio Zavala, el PSUV está sufriendo una reestructuración interna.
“El chavismo tiene que hacer purgas, porque de vez en cuando se alzan sus dirigentes y se le alzan contra Nicolás Maduro, eso ocurre siempre en el comunismo, Stalin mató a la mitad del partido comunista. Actualmente hay descontentos internos, porque el único reducto que le quedaba a la familia Chávez era Barinas y fueron sacados del poder y ahora Maduro es el que se queda con todo el control del partido. De hecho, está tan seguro de su poder que ya se da ganador en las presidenciales 2024 y dice que gobernará hasta el 2030”, apuntó el analista político.
“Falsa percepción de la autonomía”
Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, señala que la Operación Mano de Hierro envía un mensaje directo a organismo internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, que en los últimos años han creado sendos informes cuestionando permanentemente el sistema de justicia venezolano.
“Está tratando de enviar un mensaje que son capaces de actuar de manera independiente y en materia de derechos humanos revestido del mismo carácter genuino”, mencionó.