Las elecciones de autoridades universitarias y de representación ante los Consejos Universitarios o Directivos, entre otras, son una rigurosa necesidad hace más de ocho o diez años en nuestras instituciones. Esa necesidad política, de opinión, de legítima representación, no se ha cumplido; por la sencilla razón de que el régimen las impide para lograr su propósito destructivo en las universidades y el país. La orden provino del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Mismo ente que ha tratado, sin lograrlo, que esas elecciones cumplan con requerimientos políticos de quien le ordena actuar. Me detendré brevemente en los caprichos y veleidades jurídicos y políticos.
Caprichos y veleidades jurídicas:
La Constitución en su artículo 109 establece esa entelequia cada vez más lejana: la autonomía. También como está compuesta la comunidad universitaria. Señala que las universidades se darán su propia forma de gobierno. La ley de universidades parece el sustento previo de ese valioso artículo autonómico. No obstante ello, el régimen se inventó una Ley Orgánica de Educación (LOE) que contraviene la Constitución y la ley. El artículo en cuestión de la LOE sufre una solicitud de nulidad por los universidades nacionales. La respuesta del régimen fueron dos sentencias la 324 y la 47 (ante el ataque contra la primera y los desplantes del sector universitario, buscaron suavizar las “obligaciones” con la segunda). Ambas con solicitudes jurídicas que buscaron dejarlas sin efecto por parte de las universidades; ambas también sin respuesta, como la solicitud de nulidad del artículo de la LOE.
Ante la imposibilidad de realizar elecciones, algunas autoridades han renunciado y otras han fallecido, entre ellas, recientemente nuestro rector electo USB, Enrique Planchart. El régimen ha avanzado en su propósito destructivo. Contradictoriamente, algunas instituciones universitarias han tratado de complacer al régimen, la UNET, que ahora sirve de ejemplo para esto, efectuó elecciones dejando a un lado la Constitución y los reclamos jurídicos interpuestos. La UCV ha intentado la modificación de su reglamento, como ahora lo intenta la USB, aceleradamente, ante la muerte del rector. Se desprecia así la Constitución, la ley de universidades (el régimen gesta otra, más invasiva) y, contradictoriamente, los recursos ante el tribunal de múltiples universidades, entre ellas, claro, la USB. Son evidentes los caprichos y las veleidades.
Caprichos y veleidades políticas:
El régimen tiene tomadas las universidades. Ya se le ve campeando como si nada por la UCV y dando órdenes, atropellando, allanando, violentando. Algunos consideran en la USB, por ejemplo, que para ella llegó el momento electoral. Solo para ella. Los deseos siguen sin (em) preñar, que cosas. Pretenden que un reglamento novedoso, contrario a la Constitución, a la ley y a los reclamos de las universidades sería aplicable pronto; pero los planteos son también contrarios a la LOE, y a la sentencia. Originales. El contexto no se interpreta tampoco para llegar a esas ideáticas premisas: nombramiento en el ministerio de educación, allanamiento de la UCV, designaciones de autoridades ajenas a la universidad, toma de la Universidad del Zulia, protector y desvalijamiento permanente de la UDO, falta de fortalezas para la posible defensa de las decisiones: pandemia, diáspora, búsqueda desesperada de la alimentación. República aérea universitaria podría bien elaborarse. Existe la imaginación incrustada en algunos acerca de que ahora sí, en 180 días o antes lograremos la elección, como estipula la ley y el reglamento. El más reciente de los designados por el Consejo Nacional de Universidades, el vicerrector académico, cumple este mes cuatro (4) años en el cargo. No seis meses, el plazo máximo si se atendiera rigurosamente la ley. Pero ese novedoso planteamiento unitarista sí serviría para torcer el brazo del régimen que viene cumpliendo su plan destructivo sin detención (se llevó hasta las nóminas de todas las universidades). Quijotesca tarea.
Los caprichos y veleidades jurídicas y políticas no son solo del régimen del terror, como se puede bien apreciar. Por suerte, el pensamiento único no se ha establecido todavía en las universidades, como pretende obligar la Convención Colectiva Única. Las universidades, y el país con ellas, deben mantener su defensa de la Constitución y las leyes. De ser el caso, en adelante, en democracia y libertad, podría reformarse el texto fundamental, gestar leyes más acordes a algunos deseos de participacion, sin violentar la autonomía ni el gobierno que necesariamente deberán darse las universidades. La humillación y la guerra no deberían ser la actual solución.