La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que la implementación de la Providencia Administrativa No. 001-2021 que impuso el régimen de Nicolás Maduro, representa una amenaza sistemática contra las ONG en el país.
Por Centro de Comunicación Nacional
La Providencia Administrativa No. 001-2021, que exige a las organizaciones sin fines de lucro a inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), los obliga a dar a conocer las organizaciones donantes para el desarrollo de sus actividades, e identificar a las personas beneficiarias de sus labores, entre las cuales pueden existir víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Ante esto, la CIDH advirtió que obligar a las ONG a revelar la información de sus donantes y beneficiarios tiene el potencial de promover la estigmatización de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
Igualmente, consideró preocupante que las organizaciones sin fines de lucro sean obligadas a identificar a las personas beneficiarias de sus actividades, lo que podría incrementar su situación de vulnerabilidad y el riesgo de ser víctimas de represalias.
Por ello la Comisión reiteró que el derecho a recibir financiamiento en el marco de la cooperación internacional para la defensa y promoción de los derechos humanos está protegido por la libertad de asociación.
“Es urgente que el Estado de Venezuela reestablezca el estado de derecho y la democracia mediante medidas dirigidas a garantizar la independencia y el equilibrio de los poderes públicos, la participación en asuntos públicos sin ningún tipo de discriminación, y el control ciudadano hacia la actuación de los distintos poderes del Estado”, sentenció.