El exparlamentario, abogado defensor de los DDHH y coordinador de la defensa por los derechos civiles, Rafael Narváez caracterizó como un acto de desesperación por parte del Estado emitir un decreto donde ordena al DGCIM y al SEBIN en un plazo de 30 días transferir custodia al sistema penitenciario y proceder al traslado de los presos políticos de estos centros denominados “cunas de torturas”, hostigamiento, tratos crueles e inhumanos y degradantes y asesinatos como así lo han reconocido en los casos del concejal Fernando Albán y el Capitán Acosta Arevalo a las “Pailas del Infierno ” con la intención de Maquillar las actuaciones reprochables e inhumanas de estos cuerpos, que siguen siendo señalados como responsables de cometer crímenes de lesa humanidad, el Estado tiene conocimiento que el sistema carcelario de nuestro país es un Estado paralelo que tiene su propio gobierno independiente dirigido por los pranes internamente en conexión externa con las bandas criminales y eso es sumamente peligroso para la vida de los presos políticos.
El coordinador por los derechos civiles acusó al Estado de ser el responsable de la aniquilación y en el entierro definitivo de los DDHH en Venezuela , ya no hay derechos y garantías constitucionales establecidas en nuestra CRBV y pactos internacionales que pueda seguir vulnerando.
El Estado anda sumamente nervioso por lo que la fiscal hoy en ejercicio pero ya para salir y la misión independiente de determinación de hechos de la ONU han establecidos en sus informes que hay motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y hace esfuerzos por dar a entender a la CPI que ahora si se va hacer justicia olvidando que estos crímenes horrendos no prescriben, este informe pudiera darse por parte de la Fiscal saliente en pocos días antes de la entrega formal al nuevo fiscal Karim Khan experto en materia penal internacional con una larga trayectoria quien asumirá el cargo expresó el defensor.
Para finalizar, el abogado penalista afirmó que pudiéramos estar en presencia por primera vez en Latinoamérica el inicio de una investigación penal contra los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en nuestro país y que la CPI a diferencia del sistema ínter americano de los derechos humanos no sanciona penalmente al Estado si no que individualiza la responsabilidad penal sin privilegios ni arrepentimientos, abarcando a jefe de estado , militares de alto rango , jefes de cuerpos de seguridad del estado tanto actores materiales como aquellos que dieron la orden, el brazo largo de la CPI no tiene limites para alcanzar a los responsables.
Nota de prensa