El país liderado por los socialistas que tiene poca educación sexual, una aguda escasez de anticonceptivos y las leyes más restrictivas de América Latina.
Por Andrea Paola Hernandez | The Guardian
Traducción libre de lapatilla.com
Sofía tenía 20 años y salía de una relación emocionalmente abusiva cuando se enteró de que estaba embarazada. Su ex novio la llamó “puta” por haber concebido y afirmó que él no era el padre. Pedir ayuda a la familia conservadora de Sofía no era una opción, ya que habían advertido durante mucho tiempo que la repudiarían si alguna vez quedaba embarazada.
Sola, temerosa y asustada de criar sola a un bebé en un país destrozado como Venezuela , decidió interrumpir el embarazo.
Sabía que Venezuela tiene una de las políticas de aborto más restrictivas de la región, por lo que lo primero que hizo fue llamar a la organización pro elección más grande del país para pedirle consejo.
“Les dije que necesitaba ayuda y lo único que hicieron fue hacer preguntas personales sobre mi situación económica y dónde vivía, estudiaba y trabajaba”, relató Sofía.
Cuando llamó a otra ONG de salud reproductiva, su respuesta fue felicitarla por su embarazo. Entonces Sofía comenzó a preguntarle a sus amigas que habían tenido abortos anteriormente y descubrió que la solución estaba más cerca de lo que pensaba: en línea.
Plataformas como Facebook Market y MercadoLibre, el principal negocio de comercio electrónico en América Latina, están inundadas de vendedores informales que venden píldoras anticonceptivas y misoprostol, el medicamento utilizado para los abortos con medicamentos. Estos productos también se promocionan en Instagram y Twitter.
Pero las redes sociales también son el espacio perfecto para los estafadores que se hacen pasar por médicos, enfermeras o farmacéuticos y se benefician de la desesperación y el desconocimiento de sus clientes.
“Un hombre que decía ser médico se enojó conmigo porque yo dudaba de su profesionalidad. Pagué 200 dólares por seis pastillas pero resultaron ser falsas. No me quedaba dinero para comprar más pastillas”, relató Sofia.
Después de pedir dinero prestado, encontró a otro proveedor, Alberto, cuyo perfil había estado en alto durante más de dos años con excelentes críticas. Además del misoprostol, sus actualizaciones de estado estaban llenas de ofertas de drogas y armas.
Mostró sus testimonios de clientes satisfechos, pero también le advirtió que podría ir a la cárcel por lo que estaba a punto de hacer. Sofía esperó cinco días hasta que llegó un envío de Colombia. Alberto entregó las pastillas a plena luz del día, en medio de una plaza pública. Charlaron durante unos 15 minutos y él trató de venderle más pastillas de las que necesitaba.
“Para él, esto es solo un negocio”, afirma sofia.
El aborto en Venezuela es ilegal en casi todas las circunstancias. La ley de 1926 que prohíbe el procedimiento se modificó solo una vez, con una reforma de 2006 que permite un aborto si la vida de la mujer está en peligro. (El código penal aún contiene una cláusula que reduce la pena “si el autor del aborto lo comete para salvar el honor de su madre, esposa o hijos”).
Las duras reglas sitúan a la Venezuela socialista en el extremo más alejado de otros países latinoamericanos como Argentina, donde recientemente se legalizó el aborto hasta la semana 14 de embarazo .
Dado que la venta de medicamentos en línea sin autorización es ilegal, los distribuidores en línea han encontrado formas de mantenerse en la sombra. Utilizando palabras de código relacionadas con el automóvil, venden una variedad de medicamentos con precios que oscilan entre 10 y 100 dólares por pastilla.
“Esto ha estado sucediendo durante al menos tres o cuatro años”, comentó un miembro de una ONG venezolana pro-aborto que pidió no ser identificado por temor a represalias. “La mayoría de los vendedores son traficantes de drogas o trabajadores de la salud que los llevan de los hospitales”.
Los desafíos para las mujeres que buscan un aborto no son solo legales. A pesar de tener las reservas de petróleo más grandes del mundo, Venezuela está sumida en una crisis económica. La escasez de alimentos básicos, dinero en efectivo y medicinas es endémica.
Entre esas escaseces se encuentran los métodos anticonceptivos comunes, que son inaccesibles para casi el 90% de la población, según un informe de 2019 . Hay poco o ningún acceso a la educación sexual, y Venezuela también tiene la tercera tasa más alta de embarazo adolescente en América Latina, después de Ecuador y Honduras.
Las autoridades han utilizado la amenaza de una condena penal para disuadir a las mujeres de intentar interrumpir un embarazo, pero hasta el año pasado se conocían pocos enjuiciamientos.
Eso cambió en octubre cuando un activista en el estado de Mérida fue arrestado y procesado por ayudar a una víctima de violación menor de edad a abortar. Vannesa Rosales estuvo detenida durante más de tres meses antes de ser liberada para arresto domiciliario en enero.
Su abogado señala que probablemente la acusarán de inducir un aborto y de conspirar para cometer un delito por su papel de ayudar a la niña a interrumpir el embarazo.
La madre de la niña también fue detenida, aunque luego fue liberada. El presunto violador ha sido procesado pero aún está en libertad.
Desde el arresto de Rosales, varias ONG dejaron de ofrecer sus consejos sobre el aborto o desaparecieron por completo. Otras cuatro organizaciones feministas cuyo trabajo no está relacionado con los derechos reproductivos también han recibido amenazas de detener su trabajo, dejando a las personas sin recursos de información sobre cómo proceder de manera segura o dónde obtener las píldoras adecuadas.
“Poder elegir sobre nuestra salud, nuestra vida y nuestro cuerpo es un derecho humano que está siendo atacado en Venezuela, ya sea porque no hay acceso a él, o por el castigo y la discriminación que conlleva perseguirlo”, sentenció Vivian Díaz, gerente de Amnistía Internacional Venezuela.
Se han cambiado los nombres