La aplicación de la justicia como un ejercicio discrecional que solapa la responsabilidad de los cuerpos de seguridad en Venezuela acrecienta los casos de violación de derechos humanos en el país.
Por vepresidente.com
“Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela son la mancha perversa que deja la dictadura en nuestra sociedad, ejecutada a través del brazo armado, letal y despiadado de sus cuerpos represivos”. Así lo expresó la embajadora de Venezuela en Costa Rica, María Faria, tras la publicación del informe “Policías y militares asesinaron a 2853 personas en Venezuela durante 2020 | Lupa por la Vida”, realizado por la ONG Provea y el Centro de Investigación Gumilla.
El documento detalla la letalidad con la que los funcionarios, principalmente las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) actuó en 2 mil 853 casos, en los que las víctimas fueron en su mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, residentes de sectores populares.
Para la Embajadora, resulta inaplazable la denuncia que la comunidad internacional puede realizar para que se haga justicia. “Se trata de los mismo grupos policiales que fueron señalados en 2020 por la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela de trabajar como ejecutores del régimen en violaciones flagrantes de los derechos humanos. Es imperativo que se determinen responsabilidades y se impida que se produzcan nuevos actos”, sentenció.