Observada en perspectiva histórica, la reclamación del territorio Esequibo es uno de los esfuerzos más dignos y perseverantes que ha llevado adelante nuestra sociedad. En medio de avances y retrocesos, de etapas de intensidad y pasajes olvidados, de convicciones y manipulaciones, Venezuela ha sustentado durante mucho tiempo el compromiso de hallar justicia sobre el tema. A lo largo de nuestros empeños hemos andado a través de un camino solitario, que además nos ha puesto en tensión con otros propósitos relevantes de la política exterior en distintos períodos, así como con tendencias hondamente arraigadas de la visión predominante acerca de nosotros mismos.
En estas notas no abordaremos la historia del proceso ni nos pronunciaremos acerca de los diversos momentos álgidos de la controversia. Tampoco sobre los logros y tropiezos de los distinguidos venezolanos que, en particular durante la vigencia de la República civil de 1958-1998, tuvieron en sus manos responsabilidades sobre el asunto, como políticos, diplomáticos, militares, y analistas del tema en sus variados matices.
Deseamos más bien destacar, en primer término, que la disputa por el Esequibo, en especial desde que Guyana dejó de ser colonia y se convirtió en un país independiente, nos ha colocado en la incómoda posición de presionar, de un modo u otro, a una nación más pequeña y en teoría más débil, y de armonizar nuestros objetivos, variables por lo demás, con nuestra tan enraizada autopercepción de ser un pueblo de libertadores y no de opresores, de integracionistas y no de dominadores. Es ámbitos más específicos, nuestro tradicional esfuerzo por sumar la buena voluntad de las pequeñas naciones caribeñas, y hasta de contribuir, en ciertos momentos, a crear un orden internacional diferente, han estado siempre en disonancia con una controversia que, querámoslo o no, desentona con tales ambiciones, unas veces más y otras menos.
Lo anterior no constituye un obstáculo insuperable, pues un país como Venezuela puede, como ocurre con muchos otros, sostener objetivos diversos en su política exterior. No obstante, la tensión entre nuestra autopercepción predominante y el asunto del Esequibo ha sido y es real, y no siempre ha sido posible mantener un adecuado equilibrio entre los factores en tensión. El mejor ejemplo de ello se concretó durante la nefasta visita que Hugo Chávez hizo a Georgetown, capital de Guyana, en febrero de 2004, cuando declaró que “el gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”. No contento con ello, añadió: “El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países”, sumando a esta línea de conducta la creación de Petrocaribe, de la cual Guyana es miembro, en 2005.
Con su característica irresponsabilidad, su pretensión de convertirse en una especie de nuevo Simón Bolívar, y su alianza con Cuba (estrecho aliado de Guyana), Hugo Chávez abrió las compuertas de una nueva etapa, que ha conducido de manera fatal a la actual situación. El hecho de que sea ahora la Corte Internacional de Justicia la que ha asumido la disputa y se apresta a decidir al respecto, es un grave paso atrás para Venezuela. Lo “políticamente correcto” en el clima ideológico vigente es rendir tributo a esa corte, a pesar de sus conocidas limitaciones y parcializaciones. Una decisión de esa instancia conduciría nuestra soledad hasta nuevos extremos, pero en nuestra opinión, cualquiera sea el veredicto, Venezuela debería preservar incólume el principio que ha guiado nuestra reclamación, pues la historia no se detendrá.
En tal sentido, y en segundo término, es fundamental que la oposición democrática no caiga en la trampa, montada por un régimen oprobioso y manipulador que no representa los supremos intereses del país, de rasgarse las vestiduras, apoyando los llamados a la unidad nacional que hacen Maduro y sus cómplices. Tales llamados son insinceros y no tienen legitimidad alguna. Lo que toca hacer a la oposición, a nuestro modo de ver, es: 1) Denunciar lo que hizo Chávez, sin que sus seguidores civiles y militares, le detuviesen, y denunciar también la ilegitimidad del régimen como representante del país. 2) Ratificar el compromiso venezolano de reparar la pérdida territorial sufrida, mediante un eventual arreglo que respete lo ya acordado en el pasado entre ambos países. 3) Sostener ese principio, así las circunstancias presentes y la CIJ inflijan un revés al compromiso venezolano.
Los venezolanos no debemos echar a un lado los esfuerzos históricos del país, y le toca ahora a la oposición democrática, a pesar de la muy difícil coyuntura por la que atraviesa, defender a Venezuela, sin arrogancia, sin retórica altisonante y estéril, con serenidad y ponderación. La vida sigue y llegará el día en que en nuestro país impere un panorama distinto, y un gobierno legal y legítimo retome la tarea que, paradójicamente, nos imponen doscientos años de soledad.
Este artículo se publicó originalmente en El Nacional el 7 de febrero de 2020