El trato de Trinidad y Tobago a los migrantes y refugiados venezolanos y sus deportaciones de venezolanos, incluidos niños y solicitantes de asilo, no solo son violaciones atroces de derechos, sino también un triste recordatorio de su lealtad inquebrantable al gobierno de Nicolás Maduro. Si bien Trinidad y Tobago, como muchos otros países del mundo, está luchando por responder al impacto económico y en la salud pública del COVID-19, eso no es excusa para justificar deportaciones que violan el derecho internacional.
Cerca de 24.000 venezolanos han hecho en los últimos años el viaje de 25 millas a Trinidad y Tobago, huyendo de la crisis económica y política en su país de origen, y se espera que el número aumente a 30.000 para fines de 2021. Los migrantes arriesgan sus vidas haciendo el barco. cruzando, sin inmutarse por las deportaciones de Trinidad y Tobago. El 6 de diciembre, pocos días después de que 160 personas fueran deportadas el 28 de noviembre, al menos 34 migrantes, incluidos varios niños, se ahogaron cuando su barco se hundió. Trinidad y Tobago deportó a 66 personas más el 17 de diciembre, incluidos 22 niños, uno de 8 meses. El Ministerio de Seguridad de Trinidad y Tobago dijo el 28 de noviembre que las deportaciones se están llevando a cabo “en conjunto con las autoridades venezolanas”.
Incluso mientras los venezolanos huyen a sus costas, el gobierno de Trinidad y Tobago continúa cediendo al mismo régimen cuya mala gestión económica y abusos han provocado el éxodo masivo de más de 5,5 millones de personas. Trinidad y Tobago apoya regularmente a Maduro en la Organización de Estados Americanos (OEA). El 18 de diciembre, el primer ministro Keith Rowley dijo que no votaría ninguna resolución de la OEA hasta que un representante del gobierno de Maduro reemplazara en la mesa al representante del líder opositor Juan Guaidó, quien actualmente representa a Venezuela.
Los acuerdos comerciales entre Venezuela y el bloque de la Comunidad del Caribe, que incluye a Trinidad y Tobago, han mantenido los vínculos comerciales y económicos entre los dos países relativamente fuertes. Venezuela ha ofrecido durante muchos años a estos países acceso preferencial a su petróleo, aunque los envíos han disminuido en los últimos años debido a la caída de la producción y los efectos de las sanciones de Estados Unidos al petróleo venezolano. Trinidad y Tobago firmó un acuerdo con Venezuela en 2013 para desarrollar conjuntamente un campo de gas natural, pero el acuerdo fue suspendido en 2020, dadas las restricciones derivadas de las sanciones de Estados Unidos.
Sin embargo, los venezolanos vulnerables no parecen beneficiarse de estos acuerdos. Si llegan a las islas anglófonas, los venezolanos se enfrentan no solo a las barreras del idioma, sino también a un mayor riesgo de explotación sexual y laboral, junto con dificultades para acceder a la atención médica, la educación y el trabajo. Ahora, algunos están siendo detenidos y deportados sin el debido proceso.
El 17 de noviembre, por ejemplo, la policía detuvo a 29 ciudadanos venezolanos, incluidos 16 niños, uno de ellos de 4 meses, cuando llegaba su bote. Algunos niños viajaban solos para reunirse con sus familias en la isla. La guardia costera los envió de regreso a Venezuela el 22 de noviembre en dos pequeñas embarcaciones. Uno de los motores funcionó mal, informaron los medios. Con los botes atados, los venezolanos desaparecieron durante varias horas antes de ser encontrados frente a las costas de Venezuela.
Al día siguiente, después de que un abogado de derechos humanos presentara una solicitud de hábeas corpus, un juez dictaminó que las deportaciones se habían producido antes de que se completaran los procedimientos legales y solicitó su regreso a Trinidad y Tobago. Eso llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a ordenar a Trinidad y Tobago que no envíe a los niños a Venezuela hasta que los funcionarios puedan analizar los riesgos para ellos. Dos buscan protección contra el abuso doméstico, por ejemplo, y dos sufren afecciones cardíacas agudas que requieren tratamiento y medicamentos que no están disponibles en Venezuela. La comisión señaló que las autoridades no habían dado a los detenidos una audiencia ante un juez antes de deportarlos, contactar a los padres o tutores o permitir que los detenidos se reunieran con un abogado, como exige la ley de Trinidad y Tobago.
Las deportaciones sin el debido proceso violan las normas internacionales, al igual que el retorno de los solicitantes de asilo a un lugar donde se enfrentarían a un riesgo real de amenazas a sus vidas u otros daños graves. Además, el Comité de los Derechos del Niño insta a los países a no devolver a los niños no acompañados o separados a un país donde haya “motivos fundados para creer que existe un riesgo real de daño irreparable”.
Los niños se encuentran entre los más afectados por la emergencia humanitaria de Venezuela. Más del 14 por ciento de los menores de 5 años en ciertas áreas de bajos ingresos están desnutridos, informa la organización sin fines de lucro Caritas. Aproximadamente 3,2 millones de niños en Venezuela y otros 4,3 millones que han abandonado Venezuela requieren asistencia humanitaria urgente, dice UNICEF, e incluso antes de los cierres del COVID-19, 856.000 habían abandonado las escuelas venezolanas.
Las deportaciones arbitrarias también violan el derecho de los niños a la unidad familiar. La separación de una familia puede equivaler a una “injerencia arbitraria o ilegal en la vida familiar”, concluyeron los Comités de los Derechos del Niño y de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Trinidad y Tobago debe facilitar la reunificación de los niños con sus padres, dando prioridad al interés superior del niño.
Independientemente de los vínculos económicos o diplomáticos de Trinidad y Tobago con Venezuela, o de los desafíos de la pandemia, los venezolanos que llegan a las islas tienen derecho a solicitar asilo. Se debe permitir que los niños se reúnan con sus familias, cumpliendo con las normas internacionales de derechos humanos. Su destino no debería depender de la intervención de un juez. Las autoridades de alto nivel, comenzando por el primer ministro, también deben defender sus derechos.