Dar de comer al hambriento dejó de ser bíblica misericordia, ahora es un delito. La ONG Alimenta La Solidaridad, que dirige el joven activista Roberto Patiño, es objeto de persecución, allanamientos y orden de captura contra Patiño. El hecho punible: preparar diariamente comida para 25 mil niños, madres embarazadas y ancianos en comedores populares de Caracas y 13 estados del país. El supuesto crimen es agravado porque también han cocinado miles de almuerzos para humildes trabajadores sanitarios de hospitales públicos durante los meses de la pandemia.
Hace más de un año, Naciones Unidas calificó las críticas condiciones de vida en Venezuela como Emergencia Humanitaria Compleja, comparable a la situación de países en guerra o sufrientes de terribles desastres naturales. Desplegó, en consecuencia, el Plan de Respuesta Humanitaria, cuyo propósito es atender la calamidad alimentaria y sanitaria que afecta a una inmensa mayoría de ciudadanos. Es en este marco que se inscribe la razón de ser y la acción de la ONG Alimenta La Solidaridad, hoy en la mira de la policía del régimen.
La realidad que subyace en la vindicta pública contra ésta y también otras ONG’s como Caracas Mi Convive, Acción Solidaria, Cáritas, todas de reconocida solidaridad social, es que contrastan y ponen de relieve la insensibilidad y la incapacidad del Usurpador para atender los estómagos vacíos y la salud postergada de las grandes mayorías. Vemos cómo las llamadas bolsas Clap, ese torvo medio de control político de los necesitados, escasean cada día más y, cuando llegan, apenas contienen arroz, harina y pasta. Solo buenas para agregarle anemia al hambre colectiva.
La inseguridad alimentaria afecta a 73% de los venezolanos. Condición propicia para que candidatos a la farsa electoral parlamentaria hoy hagan campaña repartiendo sardinas y mortadela. Al régimen y sus adláteres, no les conviene la solidaridad de las ONG’s, les estorba para su propósito de administrar demagógicamente el hambre.