Comunidades indígenas del municipio Atabapo del estado Amazonas dieron un ultimátum a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para retirarse de su territorio. El 6 de agosto, la comunidad indígena Piedra Blanca -de la etnia cubeo- retuvo una maquinaria que el grupo irregular pretendía ingresar para la extracción de minerales en el Parque Nacional Yapacana, uno de los más afectados por la minería ilegal en la Amazonía venezolana.
Por María Ramírez Cabello / correodelcaroni.com
Desde entonces han realizado asambleas comunitarias, recolectado firmas y sumado el apoyo de dos caciques generales y 37 capitanes indígenas comunitarios para reclamar la salida de este grupo armado en particular que, denuncian, impone su ley, se ha apoderado de las minas ilegales y viola los derechos de los pueblos indígenas.
El miércoles, los indígenas fueron al puesto de la guerrilla conocido como Puerto Cuarenta y exigieron al comandante J la salida del territorio.
Guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC operan en Amazonas y en el sur y oeste de Bolívar desde 2013, de acuerdo con un informe de 2017 de la organización colombiana Fundación Ideas para la Paz (FIP). Su objetivo es acceder y controlar los yacimientos de coltán, oro y diamantes que se encuentran en la región. Cuando este informe fue publicado, la disidencia del Frente Acacio Medina ingresaba a Amazonas por el paso fronterizo de San Fernando de Atabapo, pasando por el río Ventuari, hacia el Parque Nacional Yapacana, donde se encuentran enormes minas de oro aunque la minería está prohibida en Amazonas, de acuerdo con el decreto 269 de 1989.
Nancy Herrera, líder indígena e hija del cacique general de la parroquia Yapacana, Claudio Raúl Herrera, aseguró que están en una situación crítica “en amenaza de parte de las FARC y no contamos con apoyo del gobierno porque ellos están junto con las FARC, los militares venezolanos”.
“Muchos indígenas estaban a favor de ellos (guerrilla) porque empezaron a cobrar impuestos, porque se benefician, pero los caciques están unidos y en contra de la presencia de la guerrilla. Están decididos a defender porque de qué van a vivir nuestros hijos y nietos. No negamos que hay minería, que no son kilos, sino toneladas”, relató.
El 6 de agosto, el grupo que se autodenomina FARC intentó trasladar una máquina grande al Parque Nacional Yapacana. Ese día, la comunidad retuvo el equipo. “Ellos dijeron que eso era de una mujer indígena, sacaron excusas. Era escoltada por la guerrilla y militares, pero ¿de dónde una mujer indígena va a tener tantos millones para una máquina como esa?”, cuestionó. La máquina, dijo, era transportada desde Puerto Ayacucho, capital de Amazonas.
“No es por atacar al gobierno, es por el crimen y las amenazas de muerte contra nosotros los indígenas. Empezamos a hacer las asambleas en julio, agosto, septiembre, y empezaron los ataques de las FARC, empiezan a pasar por encima de nosotros y a pasar maquinarias pesadas para destruir (…) Piensan meter retros, jumbos y maquinarias pesadas. El guerrillero dice que no le importan los caciques y capitanes, que si el gobierno los saca, ellos salen”.
Los grupos del ELN y las FARC parecían operar bajo una suerte de acuerdo en complicidad con autoridades civiles y militares de Amazonas e, incluso, con la anuencia de las comunidades indígenas. En este caso, el rechazo se centra en las operaciones de las disidencias de las FARC. “No tenemos problemas con el otro grupo (ELN)”, dijo Herrera.
Piedra Blanca, punto estratégico de la guerrilla
Herrera vive en la comunidad Piedra Blanca, un punto estratégico del sur de Amazonas, pues su puerto fluvial es parada obligatoria de los cientos de mineros que aspiran ingresar a los yacimientos ilegales del Parque Nacional Yapacana. La líder es de la etnia cubeo, pero en Atabapo la población es multiétnica y conviven los pueblos curripaco, baré, yekuana, baniva, piaroa, entre otros.
En la comunidad hay un comando de las FARC desde hace dos años, en el que hacen presencia al menos 30 guerrilleros bajo el mando de una mujer conocida como la Mona. Fuentes de Amazonas indican que parte de la expansión de la presencia de los grupos armados se debe al ofrecimiento de ayudas sociales y económicas, en zonas totalmente desasistidas y remotas. La oferta les hizo ganar apoyo de decenas de comunidades indígenas.
“Pero reclutan a los niños desde hace cinco años si los encuentran en la selva. Se los llevan y no los devuelven más nunca. No hay respeto. No queremos que vendan licor y más rápido lo hacen. Ellos tienen todo el comercio apoderado (…) Si el presidente no nos pone cuidado, iremos a buscar ayuda internacional”, afirmó Herrera.
– El comando tiene dos años en Piedra Blanca, ¿qué cambió que ahora rechazan su presencia?
– Teníamos temor por mucho tiempo y no podíamos tomar foto porque todo nos lo prohíben. El pueblo se unió y se dio cuenta de todo y decidieron apoyar al cacique. Es un pueblo unido y empezamos a batallar.
“No me da miedo, se los he dicho en su propia cara, con tal de que mi pueblo sea respetado y viva con tranquilidad como antes”, expresó.
La organización Kapé Kapé ha documentado en los últimos años las precarias condiciones de vida de las comunidades indígenas en todo el sur de Venezuela y la falta de asistencia de parte del Gobierno nacional, que se vio reflejada recientemente en una protesta por la falta de servicios, gasolina y gas doméstico. Los indígenas trancaron el eje carretero que comunica a Puerto Ayacucho con Samariapo durante cinco días entre el viernes 18 y el martes 22 de septiembre.
El miércoles, la organización informó que las comunidades de Atabapo pidieron apoyo para hacer el cierre total de la boca del río Orinoco, paso fluvial obligatorio que conduce hacia las minas ilegales del Parque Nacional Yapacana. “En relación con este tema, en fuentes periodísticas de Puerto Ayacucho se ha conocido de las amenazas que estarían recibiendo algunos líderes indígenas por la oposición que están haciendo a la intención que tiene un grupo irregular de trasladar un tractor de oruga hacia las minas del parque Yapacana”, dijo, un equipo que profundizaría el deterioro ambiental en el área.
2.227 hectáreas afectadas por la minería
La organización SOS Orinoco precisó en abril de 2020 que 2.227 hectáreas estaban afectadas por la minería en el Parque Nacional Yapacana, en el que contaron 69 sitios mineros. Con respecto a la revisión que habían realizado el año previo, con imágenes satelitales de 2018, la tasa de crecimiento fue de 242 hectáreas por año.
“El mayor crecimiento minero en términos de superficie, dentro del parque nacional, ocurrió fuera de los sectores tradicionales (Moyo, Maraya y Cerro Yapacana). El sector tradicional donde creció más la minería fue en Cerro Yapacana”. En este último se detectaron 74 hectáreas afectadas adicionales.
El informe reitera el consorcio entre el ELN y las FARC, “así como la característica de isla-estado en que ha convertido al Parque Nacional Yapacana la guerrilla para continuar expandiendo su control territorial al sur del Orinoco venezolano, lavar dinero del narcotráfico vía comercio ilegal del oro y de otros minerales como el coltán, y aprovechar nuestro espacio terrestre, fluvial y aéreo para el tráfico de drogas”.
Un comunicado de 2019 de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) en rechazo de la minería señala que desde 2015 las organizaciones indígenas han alertado al gobierno de Nicolás Maduro sobre los impactos de la minería en el estado, especialmente en el Parque Nacional Yapacana.
Las consecuencias, precisan, son la deforestación de grandes extensiones de bosques, desvío de cauces de ríos como el Atabapo, contaminación de las aguas a causa del mercurio y otras sustancias tóxicas, pérdida de biodiversidad, cambio en los ciclos naturales de los ecosistemas, degradación de los suelos, incremento de enfermedades, uso de drogas, prostitución, desplazamientos, presencia de grupos irregulares armados y conflictos interétnicos “que afectan directamente a estas comunidades, eventos todos que generan cambios en los modos de vida de los pueblos indígenas y la economía propia basada en las actividades tradicionales de subsistencia”.