La otra cara de los Clap expuesta ante el mundo por la ONU

La otra cara de los Clap expuesta ante el mundo por la ONU

El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres durante la instalación de los CLAP en el municipio Heres, estado Bolívar. | Foto: MPPA

 

El 18 de abril de 2017, Nicolás Maduro anunció que el Gobierno venezolano se enfrentaba a un ataque, promovido por el Gobierno de los Estados Unidos y miembros de la oposición, con el fin de provocar la intervención imperialista en el país. Por esta razón, como Comandante en Jefe, Maduro dijo a la población de Venezuela que estaba activando una serie de medidas estratégicas militares o civiles, en el marco del Plan Zamora.

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El Plan Zamora no se publicó, pero la FFM obtuvo de dos fuentes distintas una copia que circuló dentro de la FANB tras el anuncio de Maduro.

El plan enumera ocho categorías de personas definidas como enemigos y 19 categorías de circunstancias que constituyen amenazas al orden interno.

Entre las fuerzas calificadas como amigas se encontraban los Ministerios del Poder Popular, la DGCIM, el SEBIN, el Ministerio Público, el CICPC, la PNB y la policía estatal y municipal.

Varios de los casos investigados por la Misión se referían a grupos de ciudadanos civiles armados, denominados colectivos. Como se ha señalado anteriormente, desde 2014 el Gobierno ha hecho participar expresamente a ciudadanos civiles en tareas de seguridad, a menudo bajo el concepto de “unión cívico-militar”.

Desde 2016 hasta el momento de redactar el presente informe, Maduro ha emitido 26 decretos por los que se declara el estado de emergencia en Venezuela.

De 2016 a 2017, el general de División, Rodolfo Marcos Torres, fungió como el ministro para la Alimentación y jefe de los Clap. Marcos Torres, baila con la ministra para la Agricultura Urbana, Lorena Freitez. EFE/Miguel Gutiérrez

 

Los decretos autorizaban a los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), a los Consejos Comunales y a “otras organizaciones de base del Poder Popular”, a participar junto con las fuerzas armadas militares y policiales del Estado, para realizar la vigilancia y el mantenimiento del orden público y garantizar la seguridad y la soberanía del país.

La Misión obtuvo una presentación en PowerPoint de diciembre de 2016, elaborada por el CEOFANB en preparación de un importante ejercicio cívico-militar, en la que se refería a la cooperación entre grupos militares y grupos de ciudadanos civiles en la lucha contra “el enemigo y los grupos generadores de violencia”.

El ejercicio consistía en preparar y responder a “amenazas internas o externas”, una de las cuales se decía que eran las “guarimbas” ubicadas en sectores controlados por alcaldes de la oposición.

La Misión tuvo acceso a información digital que indica que el ejercicio Zamora 200 tuvo lugar el 14 de enero de 2017. Los videos de ese día muestran imágenes del “ejercicio cívico-militar Zamora 200” en diferentes bases militares del país.

En uno de estos videos, un locutor utiliza la expresión “destruir al enemigo” y “llama al pueblo” a defender la patria “con las armas”. Nicolás Maduro también participó.

A lo largo del Plan Zamora se hacen varias referencias a las protestas describiéndolas como diferentes tipos de amenazas al orden interno, entre ellas las siguientes:

– Grupos descontentos y organizados que realizan protestas que generan graves alteraciones del orden público e impiden el buen funcionamiento del transporte público.

– Grupos descontentos y organizados que realizan protestas que generan alteraciones violentas del orden público y saqueos de los supermercados y tiendas.

– Grupos que generan violencia y realizan protestas de carácter reivindicativo que generan graves alteraciones e impiden el buen desarrollo de las actividades de suministro a la población de los servicios públicos de electricidad, agua, servicio de telefonía alámbrica e inalámbrica y gas.

– La desestabilización del sistema político, incluida la instigación a las huelgas, las protestas y las acciones callejeras ilegítimas en sectores de la sociedad civil por parte de actores políticos de ultraderecha.

– El cierre de las carreteras nacionales y/o regionales para protestar contra los servicios públicos y otras demandas y así crear el caos en esos sectores.

 

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