En esta semana de movimientos sísmicos en España ha ocurrido otro acontecimiento político de enorme relevancia en Hispanoamérica que demuestra que la izquierda internacional sigue conquistando posiciones. El pasado martes se anunció el arresto domiciliario del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Uribe es senador de la República y su mandato surgió de la más alta votación lograda nunca por un miembro de esa Cámara. Me gustaría aclarar que aunque soy ciudadano colombiano desde 2002, nunca voté a Álvaro Uribe en la primera vuelta de unas elecciones presidenciales y tampoco lo hice por su partido en esa fase en los comicios presidenciales posteriores. Pero lo que ha ocurrido en esta hora es una inmensa ofensa a la democracia. Uribe siempre ha cumplido con los llamados de la Justicia. No es el teórico autor material de un crimen que se investiga, no hablamos de un homicidio ni de un abuso sexual que pueda tener continuidad. Hablamos de una supuesta compra de un testigo en un caso en el que Uribe denunció que su contraparte había hecho eso y acabó siendo acusado él de haberlo perpetrado. Habría que ser muy torpe para iniciar una causa así pudiendo acabar tú imputado por ella. Uribe no es de la calaña de Pablo Iglesias y su tarjeta telefónica. Y ayer se ordenó también el arresto domiciliario para su abogado defensor. ¿Esto es un Estado de derecho? Yo creo que a un ex presidente no se le pueden imponer medidas cautelares. Hay que procesarlo y condenarlo si hay un caso contra. Sin duda. Pero dictar un arresto domiciliario cautelar implica deshonrar su nombre al margen del resultado final del proceso. Sabemos que eso ocurre día sí, día no, en tantos países, empezando por España con empresarios y personalidades públicas. Aquí hasta el Rey Juan Carlos ha sido enviado al exilio por una condena periodística, en ningún caso judicial.
Igual que en España prima la presunción de inocencia para los etarras, los golpistas catalanes, para Jordi Pujol o para el PSOE y sus ERE en Andalucía, pero no para el Rey Juan Carlos, en Colombia la Corte Suprema que ha ordenado el arresto domiciliario de Uribe es la misma que ordenó la puesta en libertad de Jesús Santrich. Santrich es el guerrillero de las FARC que negoció la «paz» en La Habana con el Gobierno de Santos. El que obtuvo un escaño en el actual Congreso sin necesidad de que le votase nadie. El que siguió practicando el narcotráfico después del acuerdo de paz de La Habana, rechazado por la mayoría del pueblo colombiano en plebiscito. El que fue detenido el 17 de mayo de 2019 y liberado el 29 de ese mes por orden de la Corte Suprema -que ahora detiene al senador Uribe- aduciendo que Santrich gozaba del fuero de congresista a pesar de no haberse posesionado como miembro de la Cámara, por lo que los funcionarios que lo detuvieron no estarían facultados para hacerlo. Tres meses después, el huido asesino Santrich anunciaba en un video que retomaba las armas contra el Estado colombiano.
Este caso, en una sala de la Corte Suprema constituida en tiempos de Juan Manuel Santos, el presidente de la izquierda caviar que impuso la paz de la impunidad para las guerrillas, deja gravemente herido al presidente Duque. El líder de su partido está detenido y su partido dividido. Y lo que es más relevante, hace un par de años el causante de este desastre, el premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, declaró que él ya no volvería a hablar de política. Desde hace quince días no hace otra cosa. Hasta hace entrevistas hagiográficas en «El País» a un asesino como «Timochenko». A ver si éste no vuelve a la selva a asesinar colombianos como lo hizo el negociador de la paz en La Habana, Santrich.
Este artículo se publicó originalmente en ABC (España) el 7 de agosto de 2020