A propósito del coronavirus y de las dos palabras que se han convertido en la norma que marcará el curso del nuevo estándar de normalidad y que regirán el mundo post pandemia, nunca como ahora había sido tan evidente la llamada “distancia social” en Venezuela, ya no en los términos que recomiendan los médicos para evitar y limitar la propagación del flagelo, sino en cuanto se refiere a la abismal brecha que a lo largo de ya veintiún años de involución chavista/madurista, no ha hecho sino crecer a ritmo acelerado entre quienes tienen y quienes no.
Ya cuando los bandidos llegaron al poder en 1999, el país distaba de ser ejemplar y la pobreza era campante, al punto que de hecho esos mismos desajustes y desequilibrios sociales, fueron la plataforma desde la cual asaltaron el poder con la más grande estafa populista que se haya visto en esta otrora tierra de gracia. Sin embargo, se trata de dos décadas perdidas que además de mantenernos anclados en el siglo pasado, solo han servido para llevarnos en reversa y para crear una nueva élite, que lejos de nacer del talento y del esfuerzo productivo, no es más que una clase que gravita a años luz de distancia del venezolano promedio, gracias al saqueo más obsceno que se haya ejecutado alguna vez sobre el tesoro público, tal vez en el mundo y en cualquier época, creando así una distancia insalvable entre los polos de la sociedad venezolana.
La distancia social la observamos en muchos ámbitos, desde lo que algunos consideran frívolo, hasta asuntos esenciales a lo que accede cualquiera en cualquier sociedad moderna y democrática. En lo frívolo, pero aún así parte del menú de derechos humanos fundamentales, buena parte de la población no tiene acceso por ejemplo a actividades culturales de su elección y está más bien sujeta a la beneficencia cultural, ni que decir de lo inalcanzable de adquirir un vehículo y de tenerlo, inclusive mantenerlo es más que un desafío, o algo tan elemental como un teléfono inteligente en el mundo de hoy. En lo esencial, la lista es larga y para resumirlo, podemos afirmar sin lugar a duda alguna, que ninguna de las denominadas garantías sociales previstas en nuestra Carta Magna se cumple o brindan a la población más vulnerable, entendidas como tales, salud, seguridad, justicia, educación y propiedad.
De las garantías fundamentales descritas, destacan dos en las circunstancias actuales, la primera obvia, que es el sagrado derecho a la salud, al cual nos hemos referido en más de una entrega y que al día de hoy lamentablemente no podemos afirmar que haya mejorado en lo más mínimo, sino al contrario, se trata de una situación negligentemente deplorable, que con el paso de los días no hace sino agravarse y por lo que rogamos que sean precisamente dos de los signos de nuestra decadencia, como lo son la ausencia de turistas extranjeros y de viajeros de negocios, los que contribuyan a evitar que la debacle de nuestro “sistema público de salud” quede al descubierto como lo que es, una auténtica calamidad; y he allí entonces una avasallante evidencia de esa gigantesca distancia social, donde solo un pequeño porcentaje de la población podrá acceder a las clínicas privadas, mientras que la absoluta mayoría, tendrá que conformarse con la dimensión desconocida en caso de resultar contagiado con el coronavirus.
Luego, resalta el tema educativo, donde la precariedad de siempre de la educación pública, esta vez se combina y se cruza con las carencias típicas que reinan en la mayoría de los hogares, y en donde es sencillamente imposible que se pueda cumplir con cualquier programa que implique las clases en línea o a distancia en cualquiera de los niveles, pues todos los indicadores revelan en su escenario más optimista, que al menos un sesenta por ciento de los hogares venezolanos no tienen acceso a Internet, a lo cual podemos sumar por supuesto, las constantes fallas eléctricas a lo largo y ancho del país donde sobre todo en cada una de las ciudades del interior, pueden pasar a diario horas sin servicio eléctrico; no sin antes agregar que la era de las canaimitas quedo bien atrás y que por tanto un número limitado de familias poseen un computador o siquiera una tableta, y en ello, el contraste encandila y la distancia social es astronómica entre aquellos que pueden asistir a escuelas privadas y los que asisten a nuestras escuelas públicos.
En tiempos de pandemia el desgobierno tomó el camino más fácil en materia educativa, la ruta de los vagos y los reposeros, la de la suspensión de la asistencia presencial durante el resto del año escolar y la de la negación de nuestra realidad, pues pretender que se puede culminar el periodo 2019-2020 bajo otra dinámica distinta a la de la presencia física, lamentablemente es mentira e imposible, por lo que tal solución se traduce en regalar un tercer lapso o un tercio del programa sin que se haga el más mínimo esfuerzo. El desgobierno tomó la ruta del holgazán y no pensó en otra opción distinta a la suspensión definitiva, cuando responsablemente pudo haber mantenido la evaluación semanal de la evolución de la pandemia y tal vez tomar esa decisión cuando ya fuese inevitable si es que lo fuese, pues por lo pronto, quién duda que padres y representantes podrían hacer el esfuerzo de enviar sus hijos a clases en julio, agosto o septiembre para recuperar clases perdidas, pues eso es lo que toca cuando un país quiere superarse y no precisamente seguir ampliando la brecha social cultivando el ocio y la recompensa al no hacer nada.
La distancia social en términos físicos será la norma global al menos durante el 2020 y tal vez llegue para quedarse. Quien sea que imagine el levantamiento mágico de la cuarentena para todos y en todas partes al mismo tiempo, se llevará una gran desilusión, pues será un hecho progresivo donde tocará adaptarnos a una nueva forma de conducir nuestro día a día, en un nuevo esquema de normalidad. Mientras tanto, en Venezuela, ya nuestra normalidad era anormal y es a esa normalidad precaria donde regresaríamos mientras no se produzca un cambio político con el que definitivamente demos un paso al siglo veintiuno y que nos permita comenzar a andar con paso firme la ruta de reducir de una vez por todas nuestra distancia social abismal.
Abogado. Presidente del Centro Popular de Formación Ciudadana -CPFC-
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