Naturalmente, la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia espurio ha causado el rechazo casi unánime del país universitario, así como de muy buena parte de la sociedad venezolana. Así, ha contado, para acrecentar su mala fama merecida, con la repulsa manifiesta de diversas asociaciones de profesores (USB y UCV, por ejemplo), de la Federación Asociaciones de Profesores de Venezuela (FAPUV) de federaciones estudiantiles, de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, de academias nacionales y, nada menos, de la Asamblea Nacional, la única, la verdadera, la reconocida dentro y fuera.
Ahora bien, ese TSJ impostor, brazo “jurídico” de las políticas dictatoriales, escudado en una legalidad que dice proteger, con el tal Maikel Moreno a la cabeza, la ha emprendido hace años contra la libertad académica del país, contra la Autonomía Universitaria, contra la universidad, buscando, por todos los medios a su alcance, vulnerar con alguna inusitada celeridad actual las posibilidades políticas y de control de las universidades. De ese modo pseudolegal se planteó paralizar elecciones para autoridades rectorales hace años, con la mira puesta en la toma del poder institucional en las casas de estudio superior. Ahora pretende imponer elecciones atropellando todos los derechos constitucionales, legales y reglamentarios.
Pero ¿qué es lo peor del bodrio llamado sentencia 0324? Entre los múltiples factores lesivos de ese disparate está el hecho de convertirse en legislación absurda sobre la materia, arrogándose el TSJ funciones propias de la Asamblea Nacional. Suspende artículos de la Ley de Universidades para sobreponer la Ley Orgánica de Educación tan despreciada. Y, arropando funciones también de las comisiones electorales universitarias, determina votantes, fechas, ordena al CNU hacer cronogramas, quita toda posibilidad de actuar a las universidades indicadas como autónomas en la Constitución.
Además de ello, el adefesio juridico-escriturario que tuvo como ponente a la “magistrada” Carmen Zuleta de Merchán, a quien los duendes rojos no dejarán dormir indicándole qué decir y escribir y aplaudiéndola a posteriori, reconoce abiertamente la negligencia del TSJ al no haber fallado la solicitud de nulidad por inconstitucional de la Ley Orgánica de Educación que si le sirve para fundamentar su decisión. El tribunal de pacotilla ha negligido, a propósito, para no darle la razón que tienen los rectores, durante nada menos que diez años tres meses y nueve días. Aún así, impone la ley orgánica con esta provisionalidad. Porque tiene, además, la desfachatez de señalar que este fallo: “no constituye una decisión definitiva, sino que es provisional”. Vaya semejante piratería en la tentativa de un asunto de supremo interés nacional con tantos años de retraso. Pues bien, pues mal, se diseña un ” régimen transitorio para la elección de autoridades universitarias”.
Quiere la fulana sentencia también que votemos en nuestros espacios académicos, por la academia, todos por igual, siguiendo la LOE, los miembros académicos de la academia y los que no también, como si una universidad fuera una republiqueta comunista en la que no se vota, por cierto. Así aspiran ganar con escapularios propios y ajenos voluntades entre trabajadores y obreros, sin demeritar con mis palabras sus labores para nada. No es esa la intención aquí. Sería un terrible precedente que abriría posibilidades políticas de elección para ellos a cargos rectorales, lo que se quiere, sin duda, como corolario. Hacia allá apuntan. Aquí desplazan la Constitución en su artículo 109: “Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno”. Y las tienen.
No sólo se vulneraría con la aplicación del adefesio jurídico los derechos establecidos para “profesores, profesoras (no sé porque la inelegancia de los caballeros primero), estudiantes (no colocaron estudiantas, quisieron oír aquí a la Real Academia), egresados y egresadas”, como buscadores de conocimiento, sino que los egresados resultarían los más vulnerados de toda la comunidad, porque se estipulan unos criterios entre absurdos y paralizantes de sus capacidades para elegir: tendrían que ejercer sus labores en el lugar (?) “Donde la Universidad tenga su sede”, para lo cual deberán presentar su acreditación mediante colegiatura profesional o llevar su carta de residencia. Disparatado todo. Yo no podría votar como egresado de la Universidad Central de Venezuela. O sea, según estos harapos lingüísticos, votan empleados y obreros y egresados no.
En fin, la 0324 resulta repudiable por inconstitucional, por meterse a vulnerar la autonomía, por querer sobreponer una ley que estorba a otra, por quitarle funciones a la Asamblea Nacional y a las comisiones electorales de las universidades, por ser provisional cuando el mandato de las autoridades rectorales dura cuatro años, por convertir en democracia abierta lo que son derechos político-académicos, porque aniquila el voto de los egresados, porque desvaloriza también el voto de los profesores y estudiantes, por ser una “jurisprudencia” teñida de resentimiento político que busca, articulada a un plan mayor de destrucción, acabar con el pensamiento libre, con la crítica, con el conocimiento sin ataduras encadenantes que deben producirse en las universidades. Que se metan su sentencia en la gaveta que mejor les acomode. Los universitarios estaremos frontales con la autonomía y contra sus deseos de apoderarse de nuestras casas de estudio. Y la sociedad venezolana, la comunidad internacional respaldará nuestra oposición al bodrio ese.
Otro final doble: unos aspiran ceder un poco y “negociar” con los usurpadores buscando un ” medio”. Ingenuidad. Quien quiere y puede llevarse todo no aspira pichirreces. Nadie quiere hoy negociar con los tiranos, ya ni los noruegos. El “ministro” le volvió a plantear la “sugerencia” (orden) a Maikel de posponer un poco la aplicación del adefesio. No importa si es mañana o dentro de cien años. Ese disparate no sirve y vulnera todos los derechos universitarios. Será inaceptable hoy, mañana y siempre. Nos vemos en su rechazo en cualquier espacio y tiempo.