Por: Miami new times
En 2018, la ciudad de Miami finalmente, después de años y años de abrumadoras protestas de los residentes, lanzó un proyecto piloto para obligar a los desarrolladores en un pequeño vecindario del centro a incluir unidades de viviendas asequibles en cada edificio que construyan en adelante. La mudanza tardó mucho en llegar: los críticos durante décadas habían advertido que la ciudad se estaba volviendo prácticamente imposible de vivir para los residentes de la clase trabajadora y que el stock de viviendas para los asalariados típicos era lamentablemente bajo. La clase de desarrolladores inmobiliarios ricos de la ciudad fue, naturalmente, lívida y trató de luchar contra el movimiento.
Pero después de que se aprobó esa medida, sucedió algo curioso: la Legislatura de Florida, dominada por los republicanos, consideró un proyecto de ley para prohibir a las ciudades promulgar ese tipo de regulaciones de vivienda.
La medida fracasó, pero era indicativo de lo que un grupo de vigilancia no partidista dijo ayer es un gran problema en toda Florida: que los legisladores estatales, a instancias de donantes, empresas y cabilderos ricos, han estado prohibiendo a los gobiernos locales promulgar sus propias leyes. La organización sin fines de lucro Integrity Florida dijo en un informe de 43 páginas que los intereses de las grandes empresas, incluida la Asociación Nacional del Rifle, la Cámara de Comercio de Florida y el Consejo de Intercambio Legislativo de los Estados Unidos (ALEC), han presionado con éxito a los legisladores estatales para prohibir las ciudades y pueblos de izquierda. de promulgar cualquier legislación que a esos grupos no les guste. Integrity Florida ahora sugiere que cualquier nueva ley de preferencia requiere un voto mayoritario de dos tercios para convertirse en ley, pero es poco probable que esa sugerencia gane fuerza en la Legislatura estatal.