Cayó Evo Morales: El porqué del levantamiento popular y las horas finales, por Laureano Pérez Izquierdo

Un vendedor de hilos. Un taxista. Un trabajador estatal. Un empleado de un comercio. Otro vendedor de telas. Un enfermero y una médica. La inmensa mayoría de los bolivianos decidieron bloquearse entre sí durante 18 días para decirle a Evo Morales que ya estaban hartos de él y de sus abusos de poder. Lo decidieron ellos mismos, libres, y salieron a las calles para enrostrarle a su presidente lo que éste les privó hacer en las urnas. Sabían que dejarían de percibir casi todos los pesos que logran recaudar cada mes, que representan unos escasos 310 dólares, lo que apenas les sirve para vivir el día a día.

Por Laureano Pérez Izquierdo / infobae.com

“Patrona, me voy a la esquina”, le dijo una de esas trabajadoras de Cochabamba a su empleadora, quien tiene un local de pinturas, hace casi tres semanas. Nunca regresó. Era el martes 22 de octubre y el comercio no había abierto sus puertas tampoco. “Fui por lo primordial, salí a bloquear por un instinto natural. Me preguntaba qué les espera a nuestros niños. Son 14 años. Teníamos que cansarnos en las calles. Hoy estoy feliz”, cuenta Carla de 30 años a Infobae. “Salí yo, salimos con todos mis vecinos. Yo vivo en la Muyurina, donde empezaron los enfrentamientos aquel día. Somos vecinos, familias enteras las que salimos a las calles, que salimos a luchar”, narró. Si bien dice estar aliviada sabe que esto no es el final: “Todavía falta bastante”. Carla no pertenece a una de las familias acomodadas o aristocráticas de Bolivia. Percibe cada 30 días el salario mínimo: 2100 bolivianos. “Ahora hay que ver cómo sigue esto”, concluyó.

Las capas urbanas que decidieron salir a las calles representan dos terceras partes de Bolivia. La otra tercera parte es rural. Los comités cívicos llevaron una voz cantante -tanto como los partidos de la oposición-, pero no fueron quienes organizaron la oleada incontenible de descontento popular que estaba latente, como en una olla a presión. “Aquí salió el pueblo. Golpes de estado fueron los del 71, de Hugo Banzer, o el del 78 que terminó con él. Pero aquí decidieron no trabajar durante casi 20 días”, confía un ex ministro a Infobae, que prefiere el anonimato.

El “hartazgo” no llegó con el bochorno fraudulento del 20 de octubre último. Ese día estalló. Comenzó primero en algunos pocos sectores y luego -en forma de implosión- en todas las capas sociales y políticas del país. Cuando en marzo de 2006 Morales -paladín de la justicia social y los sectores más postergados- dio inicio al largo proceso de reforma de la Constitución Política del Estado lo hizo de manera atropellada. Fue su debut de gestión más trascendental. Gozaba aún de los 100 días de romance o bendición que los pueblos suelen regalarle a sus gobernantes. Y fue también uno de sus primeros actos reñidos con la legalidad. No había conseguido la mayoría legislativa necesaria y suficiente para aquella convocatoria, pero no le importó. Avanzó a pesar del bochorno ilegal de base. Y lo dejaron.

Esa alteración magna, además, fue consumada con otro escándalo institucional de proporciones: no conforme del todo con lo dispuesto por la Asamblea Constituyente, Evo promulgó la ley 3941 del 21 de octubre de 2008 que reinterpretaba el artículo 232 del texto sagrado de toda nación. “Concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional, para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Honorable Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional, por Ley especial del Congreso”. Morales Ayma no sólo lograba su nueva Constitución, sino que conseguía los botones necesarios para ajustarla a su medida por medio del congreso que él controlaba. El naciente Estado Plurinacional de Bolivia no era exactamente lo más plural que pudiera creerse.

En esa misma reforma impuso otro artículo, el 168. Le consentía una reelección al frente del Palacio Quemado. Paradojas del destino: esa ambición fue la que terminó de sepultarlo en la tarde de este domingo 10 de noviembre. “El período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, dice el texto que fuera promulgado hace una década.

Pasados los 10 años (tres mandatos, uno de ellos “reinterpretando” la Constitución) el dirigente sindicalista sintió que su tiempo en La Paz podría escurrírsele. La percepción se le apareció en forma de revelación hacia 2016 y una idea copó su mente. Llamaría a una consulta popular que justificara su “derecho humano” de forzar la letra sagrada de la nación para presentarse a un cuarto período. Confiaba en que su pueblo no le daría la espalda y que toleraría por siempre que estuviera al frente del Palacio Quemado, sede gubernamental. El referéndum se celebró el 21 de febrero de aquel año. Por primera vez, los bolivianos le dijeron que no de manera terminante. Nadie en Bolivia quería un Evo eterno.

Morales vaciló y quedó desencajado. Por primera vez en 10 años hasta entonces, la población le había indicado explícitamente que no podía presentarse nuevamente como candidato. Ya no lo apoyaban. La carta magna era clarísima y ya el presidente se las había arreglado para insultar la inteligencia de los bolivianos una vez, cuatro años antes, cuando su tiempo como jefe de estado ya había vencido pero continuó un tercer mandato.

Pese a todo, la derrota plebiscitaria en las urnas no fue obstáculo para su voracidad. Al caudillo no le importó el revés democrático y recurrió a su próxima carta: una Justicia complaciente, moldeada durante sus años en el poder. “Para algo sirve el manual populista”, habrá pensado. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) -el mismo cuyos varios integrantes debieron renunciar en las últimas semanas por el escándalo del 20 de octubre- reinterpretó la Constitución, violentó la voluntad popular del referéndum y le allanó el camino para presentarse nuevamente en una pulseada electoral.

Morales había violado ya dos puntos sagrados para cualquier democracia que se valore: las urnas y la constitución. Y el 20 de octubre fue por todo.

En la infame noche de hace tres semanas alguien ordenó frenar el escrutinio provisorio cuando el escenario electoral -con más del 80 por ciento de los votos contabilizados- pronosticaba un balotaje entre el líder del Movimiento por el Socialismo (MÁS) y su rival de Comunidad Ciudadana (CC), el ex presidente Carlos Mesa. No era la arena que el caudillo hubiera esperado para combatir. Temeroso de perderlo todo empujó más de la cuenta. Hizo una aparición ante los medios, dijo que ganó y avisó que sólo restaba escrutar las urnas del campo que le darían el apabullante triunfo. Y entonces, magia: el conteo se frenó. Las sospechas comenzaron y las alarmas en toda la nación sonaron tan fuerte que se escucharon en el resto del mundo. Países de la región pidieron instrumentar las herramientas necesarias para que el proceso fuera transparente.

Mesa y los comités cívicos alzaron su voz. El primero fue más prudente. Las organizaciones de base estuvieron representadas por Luis Fernando Camacho, de Santa Cruz de la Sierra, mucho más pasional y decidido en sus denuncias de estafa electoral. A los pocos días, el sospechado TSE dio la buena nueva fatídica: dijo que Juan Evo Morales Ayma se había impuesto en primera vuelta y que había sido ungido como nuevo (entre comillas) presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿La diferencia con su rival? Un efímero 10,57%, un rasguño salvador “del campo” que le evitaba el dolor de cabeza de presentarse a un balotaje.

El pueblo estalló. Los comités cívicos convocaron a huelgas generales ante las evidencias que se sucedían sobre irregularidades en las urnas. Mesa gritó fraude. Morales hacía lo que podía ante una ola de descontento incontenible. Intentó primero mostrarse renuente ante semejantes pruebas y las rechazó. Luego, ante la presión de la población y de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) acató someterse a una auditoría que pudiera determinar si se habían cometido o no iregularidades que pudieran haber torcido la tendencia electoral. La OEA le aclaró: el resultado de tal examen debería ser vinculante. Encerrado, Evo aceptó.

La población continuó de pie, en las esquinas. Como Carla, la mujer de 30 años de salario mínimo. En el medio, la violencia comenzó a sucederse de un lado y otro, y los fanáticos de Evo -organizados y enviados- intentaban contragolpear a los manifestantes indignados. Tres opositores murieron. La lucha se acentuó. Morales ya no conseguía que las fuerzas de seguridad le respondieran. Nadie quería ser cómplice de una masacre contra el pueblo. En días dramáticos, el Palacio de Quemado intentó que el Ejército actuara en las calles y contuviera o disuadiera a la ciudadanía. Sin embargo, las comunicaciones entre gobierno y generales no llegaron a nada. Los altos mandos sólo aceptaron vigilar y proteger edificios públicos, pero sólo si existía una orden por escrito emitida por el Poder Ejecutivo que así lo solicitara. Esa papeleta nunca se rubricó.

Las últimas 48 horas -entre el viernes y el sábado- fueron decisivas. Calles tomadas, policías amotinados y un gobierno sin controlar los resortes de la represión hicieron insostenible la permanencia del representante boliviano del Socialismo del Siglo XXI. La OEA aceleró el informe que confirmaba que el presidente había violado sistemáticamente la voluntad de su pueblo. Las pruebas de esos atropellos figuraban en actas, urnas y votos. No dejó nada por falsificar. ¿Ya lo había hecho antes, en otros comicios? El misterio perdurará por siempre. Desesperado y sin margen político, en la mañana del domingo 10 de noviembre convocó a nuevas elecciones. Pero no fue suficiente: a la tarde de ese mismo día, Evo Morales presentó su renuncia. Carla, la mujer del salario mínimo, volvió a salir por las calles de Cochabamba. Esta vez no para bloquear, sino para festejar, prudente: “Hemos ganado sólo una batalla”.