Es insostenible que el Gobierno permita que los secuestros y la piratería en alta mar no disminuyan.
Durante demasiado tiempo hemos oído hablar de la piratería en alta mar con pescadores y marineros que pierden motores, barcos, sus capturas o dinero e incluso sus vidas.
Son las autoridades involucradas, especialmente el Ministerio de Seguridad Nacional y, de hecho, el Primer Ministro, que se están haciendo la vista gorda ante el fiasco o son incapaces de hacer algo al respecto.
No es ningún secreto que hay “una pandilla de piratas fluviales con conexiones con líderes criminales de pandillas que operan desde Erin y el río Caño Mánamo en Venezuela, un brazo del río Orinoco que se extiende hacia el norte desde el canal principal del Delta del Orinoco, es un área dominada por piratas fluviales que contrabandean y secuestran a cambio de necesidades básicas.
Sabiendo todo esto, es difícil comprender que las autoridades de TT no hayan podido hacer nada en ningún momento. Ha habido varios otros incidentes similares en los últimos años relacionados con el uso del mar desde Moruga, Mayaro y Orange Valley. Se han perdido demasiadas vidas y muchas familias todavía están afligidas por la continuidad de las tragedias.
Imagine que las familias y los aldeanos tienen que luchar para recaudar dinero de rescate para salvar la vida de sus seres queridos y el primer ministro nos dice que los contribuyentes tienen que pagar “su factura” si la Asociación de Abogados lo lleva a los tribunales. Que injusticia.
También es inaceptable que cada vez que algo les sucede a nuestros ciudadanos en el mar, el grupo de Pescadores y Amigos del Mar, el concejal de Cedros e incluso familiares y amigos de las víctimas tengan que llamar a las “autoridades” para que hagan algo al respecto.
El primer ministro se jactó de su relación con las autoridades venezolanas. Es hora de sacar provecho de eso. Es necesario que haya una discusión de gobierno a gobierno sobre este asunto mediante el cual se firme un Memorando de Entendimiento o algún acuerdo solicitado y se discuta el control fronterizo.
Si los ciudadanos estadounidenses fueran amenazados o robados en alta mar, ¿se les permitiría continuar por tanto tiempo? Y mucho menos pérdidas de vidas humanas. ¿Algún otro país permite que sus ciudadanos sean secuestrados, encerrados y torturados, retenidos por rescate e incluso asesinados por otros sin siquiera un murmullo de las autoridades?
Este artículo su publicó originalmente en Newsday el 12 de octubre de 2019