Cuando los fiscales federales ganaron un caso importante de lavado de dinero contra el ex tesorero nacional de Venezuela, confiscaron cientos de millones de dólares que había robado al gobierno e invertido en una finca ecuestre, caballos de salto, autos de lujo y cuentas bancarias en el sur de la Florida, publica El Nuevo Herald.
Por JAY WEAVER /El Nuevo Herald
El dinero de esos activos sucios pertenece al Tesoro de Estados Unidos, no al gobierno de Venezuela, declararon en noviembre los fiscales. El ex tesorero, Alejandro Andrade, fue “cómplice” en los delitos de aceptar sobornos y vender acceso al sistema oficial de cambio de divisas, en que convirtieron bolívares en miles de millones de dólares, alegaron los fiscales. Según las leyes de Estados Unidos, Venezuela, como estado soberano, no es una “víctima” de los delitos de Andrade.
Pero ahora un grupo de abogados de Miami está impugnando la postura del Departamento de Justicia en el enjuiciamiento por lavado de dinero en el sur de la Florida de acaudalados acusados venezolanos, conocidos como “cleptócratas”. Los abogados están tratando de recuperar cientos de millones de dólares para entregarlos al pueblo venezolano, que pasa por un desastre económico.
Los abogados esperan obtener cualquier dinero que las autoridades federales incauten en el futuro por este concepto para beneficio de las verdaderas víctimas, el pueblo venezolano, no el régimen de Nicolás Maduro, según una moción presentada este mes ante un tribunal. La estrategia jurídica de los abogados va de manera paralela con proyectos de ley bipartidistas en el Congreso que tienen el mismo fin.
El abogado William Tunkey, socio desde hace mucho tiempo de un bufete de abogados miamense conocido por su trabajo de defensa en casos penales, declinó identificar a su cliente en Venezuela que está detrás del intento de recuperar el dinero robado al país. Pero dijo que la persona en cuestión no está alineada con Maduro ni miembros de su gobierno.
Tunkey tampoco dijo si el cliente es aliado de Juan Guaidó, el líder opositor a quien Estados Unidos y numerosos otros países reconocen como el presidente interino de Venezuela desde enero del 2019, cuando la Asamblea Nacional declaró ilegítima la presidencia de Maduro.
Más allá de los argumentos legales, expertos venezolanos opinan que la política exterior estadounidense probablemente decida lo que suceda con el dinero malversado por los cleptócratas y colocado en inversiones en el sur de la Florida, Nueva York y Europa.
“¿Quién representa al gobierno de Venezuela en este caso?”, preguntó Russell Dallen, abogado y gerente de inversiones que tiene negocios en Miami y Caracas. “Es pregunta legítima. ¿Es el gobierno de Guaidó o el gobierno de Maduro? … Si son los muchachos buenos de Guaidó, entonces [el gobierno de Estados Unidos] estaría dispuesto a darles el dinero”.
Dallen y otros expertos jurídicos dicen la única forma posible en que los fondos venezolanos robados, y recuperados por las autoridades de Estados Unidos, puede ser entregado al pueblo venezolano es a través de Guaidó. Señalan que el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y que el Tesoro de Estados Unidos ha sancionado al generador primario de esos fondos, el monopolio petrolero estatal PDVSA, congelando sus activos en Estados Unidos.
Esa empresa es la fuente de miles de millones de dólares malversados por Andrade, otros altos funcionarios y miembros de la élite empresarial venezolana, quienes están acusados de pagar sobornos por acceso al altamente lucrativo sistema de cambio de divisas del país sudamericano.
En casos recientes de corrupción en Venezuela que se desarrollan en Houston, Nueva York y Miami, jueces federales han rechazado intentos de PDVSA y sus representantes de recuperar fondos robados de las arcas del gobierno venezolano a través de sobornos, coimas y uso indebido del sistema de cambio de divisas.
Pero la devolución del dinero malversado sigue siendo una posibilidad a través de demandas o una iniciativa de ley en Estados Unidos.
“Los retos prácticos y políticos tienen que ver con el hecho que el régimen de Maduro es responsable de la corrupción en cuestión y no sería un administrador adecuado de esos fondos”, dijo Michael Camilleri, abogado de derechos humanos de Diálogo Interamericano, un grupo de Washington que promueve la democracia en América Latina. “Entregar esos fondos al gobierno interino de Guaidó es más aceptable”.
Este mes, el senador Marco Rubio, republicano por Florida, se unió a otros senadores de ambos partidos para impulsar una iniciativa de ley para ofrecer asistencia al pueblo venezolano, que incluye el establecimiento de un fondo para manejar activos confiscados a cleptócratas “que pueden ser entregados a un futuro gobierno en Venezuela”.
“Mientras maduro y su pandilla de narcoterroristas sigue manteniendo al pueblo venezolano de rehén en su fracasado régimen socialista, el Senado federal envía un claro mensaje bipartidista con la presentación de la Ley VERDAD (Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development Act) [Ley para la asistencia de emergencia, impulso a la democracia y el desarrollo]”, expresó Rubio en un comunicado. “Esta legislación ofrecerá la necesaria asistencia humanitaria y apoyo para el largo camino [que le espera al pueblo venezolano] al orden democrático”.
El Departamento de Estado cuenta con la llamada Iniciativa de Recuperación de Activos Malversados, que se dedica a encontrar, recuperar y devolver fondos malversados de autoridades extranjeras corruptas a víctimas en sus países d origen. “Aunque con la devolución de fondos a un gobierno extranjero se corre el peligro de dar más dinero a los cleptócratas, el Departamento de Justicia tiene una solución creativa”, escribieron Camilleri, de Diálogo Interamericano, y Fen Osler Hampson, director ejecutivo del Consejo Mundial para los Refugiados, en el diario Washington Post en enero.
Los dos citaron un ejemplo de fondos recuperaros por Estados Unidos en tramas de corrupción en Kazajstán: en un decomiso civil por parte del Departamento de Justicia, los $115 millones fueron donados a una fundación caritativa supervisada por el Banco Mundial a beneficio de jóvenes y familias pobres. Los fondos no pasaron por manos del gobierno kazajo.
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