El plan del Gobierno de Estados Unidos de que con presión directa sobre los militares venezolanos forzaría la caída de Nicolás Maduro no ha dado los frutos esperados. Según ha podido saber ABC el propio John Bolton, consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, llegó a contactar personalmente el mes pasado con el ministro de Defensa venezolano, el general Vladímir Padrino, para instarle a que le diera la espalda a Maduro, sin éxito. Viendo cómo Maduro resiste a las más duras sanciones económicas y al aislamiento diplomático, los encargados de la política exterior en el equipo de Donald Trump se van quedando sin opciones previas a la intervención militar, publica ABC.
Por David Alandete
@alandete
Corresponsal en Washington
La semana que viene se cumplen tres meses desde que Juan Guaidó se proclamara presidente encargado de Venezuela con el respaldo de EE.UU. La Casa Blanca ha maniobrado para obtener el respaldo de demócratas y republicanos en la aplicación de un embargo sobre la compra de crudo venezolano y en sancionar a empresas que hagan negocios con el régimen. Además, Donald Trump ha conseguido que 54 países reconozcan a Guaidó como presidente legítimo, único con la potestad de convocar elecciones generales una vez caiga Maduro. Para que esto suceda, Bolton y su equipo han contactado directamente con los generales con más poder en el régimen, instándoles a reconocer a Guaidó para evitar la cárcel y proteger su patrimonio.
De momento, según las cifras que maneja el Departamento de Estado norteamericano, apenas 1.500 soldados, en su mayoría rasos, han desertado del régimen y se encuentran a la espera de un cambio en la frontera de Colombia con Venezuela. Según ha denunciado el instituto Casla, que investiga las torturas del régimen, este ha intensificado las represalias sobre los familiares de los desertores, con secuestros y torturas para disuadir a los que estén planeando una huida.
Cuba y Rusia
El Gobierno norteamericano tiene una respuesta inmediata a la pregunta de por qué Maduro está demostrando tanta capacidad de aguante. «Hay quien piensa que Maduro está ganando, pero hay que tener en cuenta que todo su poder lo obtiene de los cubanos y de los rusos. En realidad los dos son la debilidad de Maduro», según dijo el ministro de Exteriores norteamericano, Mike Pompeo, en una parada en Paraguay durante una gira por América Latina.
La convicción de que el régimen cubano mantiene en pie a Maduro explica la creciente impaciencia de Washington con La Habana. La Casa Blanca ha anunciado que en unos días permitirá demandas en contra de compañías extranjeras que utilizan propiedades confiscadas tras la revolución de 1959, algo que puede afectar a compañías españolas como Meliá. El Tesoro norteamericano también ha sancionado a navíos que transportan petróleo venezolano a la isla, intentando cortar una de las principales vías comerciales entre ambos regímenes.
Washington cree que hay unos 20.000 cubanos infiltrados en el aparato de seguridad y militar de Venezuela. La Organización de Estados Americanos estima que la cifra real puede ascender hasta los 46.000. La diferencia entre los firmes pronunciamientos de Trump y sus más altos funcionarios -«todas las opciones están sobre la mesa», es la frase que más ha repetido el presidente norteamericano- y la prudencia con la que actúan mientras se eterniza la crisis ha provocado una creciente desazón entre los opositores. «Esperábamos más de la Casa Blanca después de que nos hayan prometido tanto», decía ayer a ABC un diplomático venezolano nombrado por Guaidó que pidió que no se revele su identidad para no provocar tensiones con Washington.
Cierto es que EE.UU. ha quedado solo defendiendo a ultranza a Guaidó y los suyos. La ministra española de Economía, Nadia Calviño, participó esta semana en una reunión en Washington con homólogos de 20 países para tratar la crisis venezolana. Preguntada después por sus impresiones, Calviño se limitó a decir: «En general las reuniones que se tienen sobre este asunto constatan la complejidad de la situación en el país, nos encontramos con una situación de transición, delicada en la que el Gobierno de España ha mantenido una enorme coherencia. En primer lugar alineamiento con la posición de la UE; en segundo, respeto a la legalidad internacional y, en tercero, apoyo a la convocatoria de unas elecciones».