El mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela expiró el 10 de enero. Obedeciendo la Constitución del país, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que fue democráticamente elegida, juró como presidente interino. Inmediatamente, Estados Unidos, Canadá y gran parte de América del Sur lo reconocieron como el líder legítimo de Venezuela. Varios países europeos ya han hecho lo mismo, publica el diario colombiano El Tiempo.
Pero no así México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró que se ceñiría al principio de la no intervención. Uruguay, asimismo, se niega a reconocer a Guaidó, y su Ministerio de Relaciones Exteriores ha afirmado que los problemas de Venezuela deben ser resueltos de manera pacífica por los propios venezolanos. Coincidentemente, estos dos países han anunciado que llevarán a cabo una conferencia internacional cuyo objetivo es convertirlos en mediadores del impase venezolano.
Sus argumentos son los dos que más suelen repetir quienes apoyan la dictadura venezolana. Al principio, parecen razonables, pero al cabo de un momento de reflexión, ambos argumentos resultan cínicos, absurdos, o las dos cosas.
Empecemos con el segundo. Por supuesto que los venezolanos deberían resolver su propia crisis. Sin embargo, hay una pequeña dificultad: Maduro no permite que lo hagan.
En los días transcurridos desde que Guaidó juró como presidente, las fuerzas de seguridad han dado muerte por lo menos a cuarenta personas y detenido a unas ochocientas. En las elecciones generales de 2015, la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, pero desde entonces Maduro ha despojado este organismo de casi todos sus poderes y ha llenado la Corte Suprema y el Consejo Nacional Electoral con sus secuaces. La mayoría de los líderes opositores están en la cárcel o en el exilio, y unos cuatro millones de venezolanos (uno de cada siete) se han visto obligados a salir de su país. Human Rights Watch y otras ONG de prestigio han puesto de manifiesto, reiteradamente, la sistemática violación de los derechos humanos que impera en Venezuela.
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