Del reconocido abogado larense, Dr. Leonardo Pereira, a quien conozco por referencias de un amigo en común y gracias a su delicada obra jurídica, leí un comentario que me tomé la atribución de hacer público, a modo de llamado de atención a los profesionales del derecho y a la sociedad toda, preocupado por la omisión de los más elementales principios del sistema acusatorio en la administración de justicia venezolana al estar en manos de delincuentes de la talla del que ostenta la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
A continuación, un Requiem in pace (R.I.P.) para el sistema adversarial acusatorio venezolano en palabras de tan notable jurista:
“Definitivamente, el sistema adversarial acusatorio venezolano murió, y, para colmo nadie le colocó una vela. Desde hace tiempo he venido denunciando, ora en mis clases en la universidad, ora en conferencias, o bien, en algunas de mis obras (Sistema Procesal Penal Venezolano, Ediciones Librería Alvaro Nora, 2016), las disímiles y múltiples irregularidades, violaciones que se cometen, en el Proceso Penal en Venezuela.
Pero hoy la gota que faltaba rebasó el vaso: en horas de la tarde de hoy, se abrió un juicio oral y público, sin la presencia del juzgador ni de la parte fiscal.
Se trata de un caso cuyo delito es secuestro y asociación para delinquir. Desde el año 2012, ya en fase de juicio, llevaba siete años (leyeron bien, no se preocupe que no es un error o un lapso calamis de mí: 7 años, que el tribunal de juicio, difería el juicio por las más diversas causas, ninguna imputadas ni al justiciable ni a la defensa técnica) hasta que hoy, desde la presidencia del Circuito Penal ordenaron abril (“aperturar”, dijeron los sabios) el juicio “para evitar el retado judicial”.
Solo que, cuando el alguacil llama a la Defensa Técnica, al incorporarme a la respectiva sala, me encuentro con el alguacil y la secretaria solamente, quien me dice, nos dice, que no nos preocupemos, que “la juez luego sube a firmar el acta y la fiscal también pasará a firmarla luego…”.
Por un momento, estuve a punto de rechazar el acto de abrir el juicio, sin la presencia de la jueza y de la fiscal, por las razones obvias que conocemos y porque he sido un crítico ferviente de cómo se “administra” justicia en este país. Pensé en los 7 años que han transcurrido, violentándose los principios y garantías, tanto procesales como constitucionales, a mi defendido, que le pedí a la secretaria, que para yo firmar el acta se dejara constancia de mis solicitudes y argumentos, además de mi teoría del caso. (Por la cara que puso la joven secretaria, no creo que sepa qué significa o qué es lo que se conoce como Teoría del Caso, pero, al fin y al cabo, la secretaria dejó constancia de lo que yo hube de dictarle -pese a mis molestias-, pues, detesto dictar apuntes, ya que en un debate probatorio, débese exponer oralmente los alegatos, y la secretaria, simplemente, transcribir lo que haya captado de la exposición).
Les confieso que nunca pensé en mi vida, que yo pudiera abrir o estar en juicio oral, sin la presencia del Director del proceso penal, y sin la presencia del Director de la investigación.”
Leído lo antes expuesto, un perspicaz colega atino a decir:
– Así es la justicia aquí porque si la cabeza está podrida que esperamos para el tallo y las raíces y pensar que son los administradores de justicia, lo he vivido aquí en Lara con el apadrinado, él que le gusta mucha lechuga extranjera.
Desde una óptica menos subjetiva, el Doctor Leonardo Pereira sostiene:
– El Código Orgánico Procesal Penal nació antes de la Constitución vigente, y nunca se ha aplicado a cabalidad, por una sencilla razón: los comunistas, los dictadores, nunca creen en leyes. Mucho menos en el Estado de Derecho ni en la justicia.
Hechos como los narrados por el Dr. Pereira en ejercicio del derecho penal no son usuales, pero puedo dar fe que no es nada nuevo en estas dos últimas décadas, en opinión de entendidos son rémoras de la politización del sistema judicial.
– Nunca he conocido una justicia más politizada que esta, pero si en algún estado de Venezuela se exacerba ese es el estado Lara. Conocí a muchos miembros de la DAR Lara y algunos jueces allá eran más políticos que abogados y de plena militancia chavista.
En el Palacio de Justicia de Barquisimeto son conocidos en el acontecer diario de los tribunales los atropellos a los abogados, a las pates de proceso penal y a los familiares de éstos, audiencias pautadas a las 8:30 a.m. se realizan a las 11:30, si tienen buena suerte, cuando ya el juicio milagrosamente ha sido abierto, es continuado, del resto, son diferidos. Que no haya sistema es lo normal, los abogados no son notificados de nada, y nadie sabe cuándo habrá sistema, es tan grave el asunto, que hay funcionarios cobrando desde adentro por buscarle a los interesados las fechas respectivas de audiencias y juicios orales.
En esos abusos y transgresiones tienen su cuota de responsabilidad quienes siendo funcionarios judiciales los permiten desde la Presidencia del Circuito, pasando por la Corte de Apelaciones hasta la URRD. A propósito de circunstancias tan lamentables, el Dr. Pereira afirmó en una oportunidad:
– Cada día, sin duda, se aleja la magnificencia del poder judicial venezolano, solo nos queda, el recuerdo de ese poder judicial que muchos nos sentíamos orgullosos de integrar como Abogados de la República.