El régimen está acorralado, plenamente deslegitimado, sin poder de convocatoria ni control sobre las instituciones del Estado, esas circunstancias han profundizado la corrupción alto conocida en el Poder Judicial, particularmente en los tribunales penales, a la que viene a sumarse un cinismo y desfachatez nunca antes vistos en la administración de justicia en Venezuela tras la materia orgánica, entiéndase dólares, en el llano venezolano adquiere connotaciones del raspado de olla característico de los malvivientes que se niegan a soltar el coroto al término de su macabra travesía gobiernera.
En esta entrega daré a conocer una serie de acontecimientos mal vistos que están sucediendo en la sede de la extensión de la justicia penal en Calabozo, Estado Guárico, tierra de las querencias de Boves, “El Urogallo”, la cual se encuentra bajo el mando absoluto de los jueces que nombro a continuación: Vicris Yoliana Barrios, Juez de Control 4, Jueza de Ilícitos Económicos y a su vez Coordinadora de esa extensión judicial; Gregoria Zurita, Juez de Control 2; Rita de Alessio Rodríguez, Juez de Control 1; Delia Josefina Bolívar, Juez de Juicio 2 y, bendito entre todas esas mujeres, el Juez de Juicio 1, Cristóbal Jiménez, nada que ver con el cantante que ahora hace esfuerzos por deslastrarse del chavismo.
Es el caso que los antes referidos jueces hacen, en tiempo presente, su agosto en esa sede judicial, lo cual para nadie es un secreto, negocian sus decisiones y las cobran en abundantes sumas de dólares, claro está que todas esta transacciones están avaladas por la jefa mayor, la Presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, Beatriz Zamora, en complicidad con ella los jueces prenombrados se dan a la tarea de pedir gran cantidad de materia orgánica para dar revisiones, hacer cambios de precalificaciones, entre otros autos muy rentables bajo ese esquema de rampante corrupción.
Las corruptelas son favorecidas por intimidades entre los funcionarios judiciales, para muestra, un botón, la Juez Cuarto de Control, Vicris Yoliana Barrios, la misma es amante del Fiscal del Ministerio Público, Manuel Ramírez, juntos hacen de las suyas, él mismo no sale de la oficina de ella, siempre usted lo ve en los pasillos del Circuito Penal de Calabozo, como caimán en boca e caño. Vicris se ha dado a la tarea de amenazar a todo el personal que tiene a su cargo, creando en el mismo sitio una rosca de delincuentes bajo su cargo.
Puntualizaré casos donde esos jueces han realizado extraños movimientos que ustedes mis estimados lectores podrán analizar, los mismos son veraces: en el caso signado bajo la nomenclatura N° JP11-P-2017-002859 fueron privados de su libertad los ciudadanos Freddy Manuel Rodríguez Román y Danny Uvencio Salas Román por los delitos de extorsión y asociación para delinquir en perjuicio de un ciudadano de nombre Vertilio, a los cuales se les otorgó una revisión de medida bajo la condición de arresto domiciliario y una vez que la Jueza de Control 2, Gregoria Zurita recibe el tribunal, el cual estaba a cargo de otro juez, examina de forma misteriosa la medida otorgándole una medida menos gravosa consistente en presentaciones periódicas cada treinta (30) días, todo a cambio de una cantidad exorbitante de billetes verdes.
Ese caso fue a parar a manos de Delia Josefina Bolívar, la Juez de Juicio 2, que es la misma Juez de Juicio 1, porque para nadie es un secreto que la misma toma decisiones de los dos tribunales y se entrevista con los defensores y de forma directa les pide cuadrar a los fines de dar revisiones de medidas.
En el caso Nº JP11-P-2018-967 fueron imputados Luis Alberto Herrera Mogollón, Joel Alexander López Mirabal, Ramón Antonio Monagas Navarro, Pedro Emilio Pérez, Jesús Eduardo Rangel Graterol, Wilmer Oswaldo Salinas Sánchez y Franklin Enrique Solano Acosta por el delito robo agravado, agavillamiento y robo de vehículo automotor, en perjuicio de la víctima Rogelio Ferreiza, la audiencia de presentación fue realizada en fecha 27/07/2018, acogiéndose los delitos antes mencionados y decretándose la privativa de libertad.
Es el caso que en fecha 09/08/2018 a dos de esos delincuentes se les da la revisión de medida, la cual consistió en arresto domiciliario para Joel Alexander López Mirabal y Franklin Enrique Solano Acosta, casualmente se les da la revisión con los mismos elementos con que se les dictó la privación de libertad, conociendo de esto la ciudadana Presidenta Beatriz Zamora, a la cual nada más y nada menos le pagaron la cantidad de treinta mil dólares.
A los otros ciudadanos incursos en esta misma causa y por los mismos delitos como no pagaron no se les dió revisión, pero el cuento no termina aquí, en lo que se realiza la Audiencia Preliminar en fecha 28/11/2018, la jueza Gregoria Zurita ya había pedido sus dólares a los fines de cambiar a Joel Alexander López Mirabal y Franklin Enrique Solano Acosta la medida de arresto y colocarle presentaciones, la misma no pudo cumplir por cuanto el caso estaba en el ojo del huracán, por los abogados de los otros imputados y por temor a que la denunciaran los dejó con la misma medida, no quedándole de otra que devolver parte de los dólares que pidió y acordando un pase a juicio que muy extrañamente le tocó a la jueza de Juicio 2, Delia Josefina Bolívar, quien no quería quedarse atrás en el aprovechamiento pecuniario de esta causa.
En el Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, Extensión Calabozo, no se litiga con leyes sino que se cuadra y nadie hace nada al respecto, imagínense que la Juez de Control 2, Gregoria Zurita, con el sueldo que tiene está montando un negocio de perfumería, de esos de brujería, ahí se la dejo, de que vuelan, vuelan….
Hasta aquí sólo dos casos de los tantos que la gente tiene temor a denunciar. Los despachos de la justicia penal en Calabozo viven llenos de abogados privados haciendo sus cuadres y de defensores públicos también que se prestan al cobro de dólares, cuadrando con las antes mencionadas juezas las referidas medidas y revisiones, siendo el caso más relevante es el de la Jueza Vicris Barrios con su amante el Fiscal Municipal Manuel Ramírez, que es con quien mejor cuadra sus casos. Es un deber denunciar estas corruptelas públicamente, porque los órganos competentes no hacen nada ante tanta desfachatez de estas juezas que se creen las dueñas y amas absolutas del Poder Judicial en el Estado Guárico.