Las Fuerzas Armadas de Brasil desplegadas en la frontera con Venezuela para garantizar la seguridad

Las Fuerzas Armadas de Brasil desplegadas en la frontera con Venezuela para garantizar la seguridad

Soldados del ejército patrullan en una calle junto a personas de Venezuela después de verificar sus pasaportes o documentos de identidad en el control fronterizo de Pacaraima, estado de Roraima, Brasil REUTERS / Nacho Doce

 

El presidente de Brasil, Michel Temer, autorizó  el uso de tropas del Ejército en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, para garantizar la seguridad ante la llegada de miles de inmigrantes venezolanos en los últimos meses.

Las Fuerzas Armadas brasileñas ya estaban presentes en Roraima al participar en la “Operación Acogida”, de carácter humanitario y que atiende a los venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social de su país y deciden rehacer sus vidas en Brasil.

El mandatario firmó hoy, sin embargo, un decreto a través del cual garantiza las condiciones para que el Ejército actúe también en operaciones relacionadas con la seguridad en Roraima, uno de los estados más pobres del país y que se ha visto desbordado por el éxodo de venezolanos, según las autoridades regionales.

El decreto estará vigente desde este miércoles 29 de agosto hasta el próximo 12 de septiembre, según se recoge en el documento firmado por Temer, cuyo mandato expira el 1 de enero de 2019, cuando entregará el poder al vencedor de las elecciones de octubre.

“Autorizo hoy el empleo de las Fuerzas Armadas” para “ofrecer seguridad a los ciudadanos brasileños y a los inmigrantes venezolanos que huyen de ese país en busca de refugio” en Brasil, expreso Temer en un pronunciamiento en Brasilia.

El jefe de Estado dijo que tomó esa decisión para complementar las acciones sociales que promueve el Gobierno central en Roraima ante el “flujo cada más intenso” de inmigrantes de la nación caribeña.

También indicó que con esas medidas intentan “minimizar los impactos del desastre humanitario”, “resultado de las pésimas condiciones de vida al que está sometido el pueblo venezolano”.

“Es preciso encontrar urgentemente un camino para mudar esa situación. (La crisis) avanzó por la frontera de varios países y amenaza la armonía de todo el continente”, expresó.

“Vamos a analizar todos los esfuerzos en todos los foros internacionales para alterar ese cuadro dramático. Vamos a buscar apoyo en la comunidad internacional para apoyar medidas diplomáticas firmes que solucionen este problema”, completó.

Las autoridades brasileñas estiman que entre 600 y 700 venezolanos entran diariamente al gigante sudamericano, aunque solo el 20-30 % permanece.

El ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann, consideró tras participar en una reunión en Río que la “medida del presidente Temer es absolutamente adecuada al estado”.

Por su parte, el ministro del Gabinete de Seguridad de la Presidencia, general Sergio Etchegoyen, descartó la posibilidad de una intervención federal en el área de seguridad como la que ocurre en el estado de Río de Janeiro, una opción que “no se ha contemplado”.

El anuncio sobre el empleo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad se produce un día después de que el líder del Gobierno en el Senado, Romero Jucá, decidiese abandonar ese cargo por divergencias sobre cómo abordar la crisis migratoria en Roraima.

Por otro lado, hace diez días se registraron incidentes violentos en Pacaraima, donde vecinos de ese pequeña localidad fronteriza atacaron campamentos de venezolanos y quemaron los objetos personales de estos.

Esas protestas provocaron que al menos 1.200 de ellos decidieran regresar a su país y que el Gobierno brasileño reforzarse las medidas humanitarias que ya viene poniendo en marcha.

Tras esos incidentes, el Gobierno ya había autoriza el envío a Roraima de 120 miembros de la Fuerza Nacional, un cuerpo especial de la policía, para igualmente reforzar la seguridad.

No obstante, esas iniciativas son consideradas insuficientes para el Gobierno de ese estado, que ha pedido en repetidas ocasiones el cierre temporal de la frontera ante la saturación de sus servicios públicos, algo negado con anterioridad por la Justicia y rechazado de plano por el Ejecutivo central. EFE

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