Iglesia media en ciudad nicaragüense de Masaya y Policía guarda sus armas

Iglesia media en ciudad nicaragüense de Masaya y Policía guarda sus armas

El nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, junto a miembros de la conferencia episcopal de Nicaragua. EFE/Jorge Torres

 

La Iglesia Católica medió hoy en la ciudad de Masaya, una de las zonas más castigadas por la violenta crisis política que azota a Nicaragua, que ha acabado con la vida de 200 personas, y la Policía Nacional se comprometió a detener las acciones armadas en ese lugar.

Una comitiva de la Iglesia, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, abandonó una “Jornada de Oración” por el país que celebraban en la Catedral de Managua para trasladarse a Masaya, ciudad que se declaró el pasado día 18 “territorio libre del dictador”, en referencia al presidente Daniel Ortega, y donde fuerzas combinadas del Gobierno habían iniciado una ofensiva armada.

“Hemos hablado por más de una hora con el comisionado (Ramón) Avellán (jefe de la Policía de Masaya) y se ha comprometido con detener los ataques”, afirmó Brenes, también presidente de la Conferencia Episcopal, al salir del encuentro ante una muchedumbre que salió a las calles, se arrodilló y los vitoreó.

Antes de la presencia de la Iglesia, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, dijo a Acan-Efe que los ataques de las llamadas fuerzas combinadas, entre policías, “parapolicías”, “paramilitares” y grupos de choque, estaban ocurriendo en Monimbó desde todos los flancos.

“¡Que el mundo lo sepa! El Gobierno de Nicaragua se prepara con antimotines y paramilitares para perpetrar otra masacre en el indefenso barrio indígena de Monimbó, Masaya”, escribió más temprano en Twitter el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, que junto al nuevo nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag y otros 30 sacerdotes encabezaron la caravana de 28 kilómetros hacia Masaya.

Fue la segunda vez en las últimas 48 horas que Báez, un crítico del Gobierno, advirtió de un ataque similar a Masaya, de donde es originario, ya que el martes pasado hizo lo mismo y, junto con el cardenal Brenes y otros obispos, pidió al presidente Ortega evitar la “masacre”, sin ser escuchados, lo que dejó un saldo de 6 muertos y más de 30 heridos, según organizaciones humanitarias.

Datos de la ANPDH indican que al menos 21 personas han muerto en Masaya como producto de los ataques del Gobierno, incluyendo a un niño que rogó de rodillas por su vida y un joven inmovilizado a quien una oficial le disparó a quemarropa en el pecho.

El Gobierno, que no hizo ninguna mención a la intervención de la Iglesia en Masaya, pidió reanudar el diálogo nacional y que las partes sean “capaces de sentarse con humildad a trabajar por Nicaragua”, según dijo la vicepresidenta Rosario Murillo.

La Iglesia, mediadora y testigo, reanudará el diálogo después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presente un informe sobre la crisis en Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este viernes una sesión extraordinaria en donde la CIDH presentará un informe sobre su visita en mayo pasado a Nicaragua.

En su informe preliminar, presentado el 21 de mayo pasado, en Managua, la CIDH afirmó que en su visita de campo de cuatro días encontró evidencias de “graves violaciones de derechos humanos” con “al menos 76 personas muertas” entonces.

“El recrudecimiento de los ataques en contra de la población civil por parte de agentes del Gobierno nicaragüense y grupos parapoliciales que actúan con su aquiescencia en los últimos días demuestra la simulación y falta de compromiso por parte del presidente (Daniel) Ortega”, denunció este jueves, por su lado, Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

Nicaragua cumplió este jueves 65 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha acabado con la vida de al menos 200 personas.

Las protestas contra Ortega y su esposa, Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. EFE

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