Un juez federal de Estados Unidos ordenó hoy a la Administración del presidente Donald Trump que libere a Darwin, el hijo de una guatemalteca solicitante de asilo que demandó al Gobierno después de que ambos fuesen separados, informó la defensa de la denunciante.
EFE
Beata Mariana de Jesús Mejía-Mejía, de nacionalidad guatemalteca, llegó a EE.UU. el pasado 19 de mayo en busca de asilo junto a su pequeño, pero ambos fueron separados por las autoridades.
Hoy, más de un mes después de que madre e hijo fueran separados por las autoridades, un juez resolvió que el menor debía ser liberado y reunirse con su madre mientras se decide el proceso de solicitud de asilo, según informó su equipo legal.
De acuerdo a los abogados, la liberación del niño debería producirse a lo largo del día de hoy, cuando debería volar desde Phoenix (Arizona) a Washington, donde ahora se encuentra su madre.
Sin embargo, la decisión no llegó sin suspense, ya que se conoció este miércoles y el propio Ejecutivo aceptó llevarla a cabo esa misma jornada, pero optó por cancelarla después de haberla retrasado, según la versión de los demandantes.
De este modo, Darwin, de siete años, se reunirá con su madre hoy, tras más de un mes separados y ambos pondrán rumbo a Austin (Texas), donde la madre reside mientras se decide sobre su petición.
Mejía-Mejía se sintió “feliz” con la decisión del magistrado y aseguró ante los medios que de ahora en adelante buscará cumplir con el objetivo que se fijó al poner rumbo a EE.UU.: “Luchar por mi hijo. Darle una educación”, subrayó.
La guatemalteca, que huyó de su país por la violencia machista de su marido, a quien define como “un mal padre”, animó al resto de mujeres que sufren la misma situación a “salir de ahí, a ser valientes”.
La denuncia fue registrada el martes en el tribunal federal del Distrito de Columbia, cuatro días después de que la mujer fuera liberada y tratara de contactar con su hijo.
El registro de esta demanda se produce en un contexto en el que EE.UU. puso en marcha en abril una política de “tolerancia cero” en la frontera sur, que implica que quienes la cruzan ilegalmente serán procesados por la vía criminal, lo que implica la separación de los menores; una orden de Trump de este miércoles busca poner fin a esas separaciones, pero mantener las detenciones.
Sin embargo, el caso de Mejía-Mejía es diferente, ya que no se presentaron cargos criminales contra ella, sino que fue separada de su hijo y detenida una vez superados los exámenes iniciales para solicitar asilo, un caso que, según su defensa, “es el ejemplo de que el Gobierno no solo separa familias con las políticas de ‘tolerancia cero'”.
Entre el 5 mayo y el 9 de junio, un total de 2.235 familias y 4.548 personas han sido separadas por las autoridades en este contexto, apuntan datos oficiales.
De esas personas, 2.342 son niños que han pasado a ser considerados no acompañados y 2.206 adultos, quienes serán procesados por la vía criminal debido al cruce fronterizo.