La violencia contra la mujer en Afganistán, incluyendo los “asesinatos de honor” a menudo quedan impunes y en demasiados casos las víctimas son forzadas a alcanzar acuerdos con los agresores en lugar de éstos ser juzgados, según denunció hoy la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
EFE
La denuncia se basa en un informe elaborado conjuntamente por la Oficina de la ONU en Afganistán (UNAMA) y el Alto Comisionado y se titula “Injusticia e impunidad: mediación de delitos criminales contra mujeres”.
El estudio se centra en el examen del amplio uso de la mediación por líderes comunitarios.
Concretamente se examinaron 237 casos de violaciones contra las mujeres desde 1 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2017; 280 casos de “asesinatos de honor” entre 2016 y 2017; y conversaciones con 1.826 mediadores.
Además, el informe detalla la experiencia de supervivientes que siguieron un proceso de mediación a pesar de que inicialmente se había registrado una queja con las autoridades.
“El amplio uso de la mediación cuando una mujer o una niña ha sido apaleada, mutilada o asesinada, o cuando ha sido víctima de ese horrible concepto de ‘asesinato de honor’, normaliza esta violencia y provoca que sea más probable que se reproduzca”, afirmó, citado en un comunicado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Además (esta manera de proceder) erosiona la confianza de las mujeres y del público en general en el sistema legal”, agregó Zeid.
El máximo representante de derechos humanos denunció que el extendido uso de la mediación “es una violación en el corazón del Estado, que tiene una obligación bajo la ley internacional de asegurar la efectiva prevención de tales crímenes y la protección de las mujeres”.
Las féminas entrevistadas dijeron que a menudo son presionadas por miembros de la familia y de las comunidades para aceptar la mediación como única solución viable para preservar la unidad de la familia.
Otras dijeron que confían en el sistema de mediación más que en el judicial, que perciben como deficiente y corrupto.
El informe reconoce que el Gobierno ha dado pasos concretos para establecer medidas de asunción de responsabilidades, pero la realidad sigue siendo que la brutalidad contra las mujeres persiste y que la manera de resolver estos abusos es injusta e ilegal.
Entre las recomendaciones que incluye el informe están la obligación de las autoridades de investigar y procesar todos los delitos de violencia contra la mujeres, incluidos los matrimonios forzados y las tradiciones familiares perniciosas, sin tener en cuenta si la víctima retira o no su queja. EFE