El dominio militar en Venezuela traducido en el control político y financiero de organismos y empresas públicas es evidente, así como el uso inconstitucional de la justicia castrense contra los civiles que protestan contra el Gobierno nacional.
Nota de Prensa
Pero los privilegios de los estamentos medios y altos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no quedan allí, pues un análisis de diez años (2007-2017) de sentencias de la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre casos relacionados con militares, realizado por el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, reveló que de 184 fallos, en 51% de los casos los uniformados verde oliva en situación de actividad fueron favorecidos total o parcialmente.
“Es notorio el respeto que se les tiene a los militares en el TSJ porque se les responde rápido y a favor, cinco veces más que a los civiles, comparando los resultados de este estudio con los dados por el profesor y abogado Antonio Canova, en donde se aprecia que al ciudadano común la SPA apenas le da la razón, si acaso, en el 10% de los casos”, expresó Daniels.
La situación es mucho peor, subrayó Daniels, en los recursos de abstención o carencia, en los que se pide a la administración pública dé respuesta a una solicitud que se le haga, pues en el caso de los militares, la SPA les dio la razón en el 70% de los casos presentados, número que si se compara con un estudio realizado por Acceso a la Justicia sobre este tipo de recursos interpuestos en su mayoría por la sociedad civil y las ONG (Provea, Transparencia Venezuela y otros), apenas en el 4% se favoreció a los peticionarios. Este enorme contraste entre uno y otro caso llama la atención sobre el tipo de justicia que tenemos en el país y lo parcializado de los órganos encargados de ejecutarla.
Pese a lo anterior, resulta llamativo que aún dentro de la Fuerza Armada el TSJ toma sus decisiones de manera diferenciada, pues en 63% de los casos interpuestos por militares se favoreció a los oficiales, mientras que en la tropa alistada no se presentó un solo caso totalmente con lugar, pues apenas se dictaron decisiones en 14%, parcialmente favorables.
Problemas con la disciplina
Viendo la actuación de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en protestas antigubernamentales desde 2017, no es casualidad que este componente de la FANB sea el que registre el mayor número de juicios por sanciones disciplinarias entre sus funcionarios en comparación con otras fuerzas, pues del total de casos analizados, el 49,4% de estos fueron presentados por miembros de ese componente, en contraste con los otros elementos militares, pues el Ejército, que es quien le sigue, sólo representa el 17% del total.
El estudio de Acceso a la Justicia reflejó además que las impugnaciones de guardias nacionales a castigos impuestos por las autoridades castrenses, fueron rechazadas en 30 casos de un total de 91 que abarca al ejército, la aviación y la armada, entre otros.
“Las sanciones a los militares son mayormente por ocultar la verdad, encubrir una negligencia o incumplir una orden, entre otros, pero si se revisa bien en muchos casos no se trata de simples faltas sino de delitos graves”, advirtió Daniels.
El análisis abordó también criterios jurisprudenciales de la SPA, entre los que destacó un caso en el que la Sala no consideró violatorio a los derechos humanos el que se impidiese a un militar el acceso a un expediente disciplinario por ser declarado “confidencial”, que luego fue sancionado en razón del mismo.
Por otro lado, está el conocimiento por parte de esa Sala de casos de destitución de jueces militares sin intervención del TSJ, que se supone debe nombrar o destituir jueces y, a pesar de ello, actuó en esos juicios como si tal competencia fuera del Ministerio de la Defensa a pesar de existir norma constitucional expresa que dice que no es así.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La legislación militar es obsoleta y desfasada, con normas manifiestamente inconstitucionales y ajenas a los principios más básicos de los derechos humanos y que se aplica con independencia del Poder Judicial, siendo la justicia militar parte de él. Ante esto, tenemos a un TSJ, que gobierna dicho poder, que no cumple con sus cometidos constitucionales y actúa de forma sesgada ante el estamento castrense.