Venezuela hoy está peor, en todo sentido, que en febrero de 1992, cuando se produjo la intentona golpista de Chávez y su logia militarista.
Sin embargo, en un comunicado publicado el 24 de junio de 1992, aquellos felones intentaron justificar su fracasado golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez apelando a tres argumentos, falsos entonces y ahora, desde el punto de vista histórico.
Podría decirse que tales planteamientos constituyen algo así como la justificación chavista del golpismo. Ellos se presentaron entonces como unos militares “obligados” a derrocar un gobierno que actuaba en contra de los principios democráticos que “sustentaban” los golpistas (¿?). Aparte de un contrasentido, porque en realidad, aunque pretendieron derrocar por la fuerza un gobierno democrático -como todos los de la República Civil-, una vez en el poder demostraron que nunca han creído en el sistema democrático, pues aquella declaración “principista” la vienen desconociendo desde 1999.
Citemos ahora los “argumentos” de los golpistas de 1992 para justificar su acción. El primero: que el gobierno de entonces “había devenido en una dictadura, que como tal se arroga todos los poderes del Estado”. El segundo: que era necesario “asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las Leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”. Y el tercero: que el gobierno de CAP “violaba de manera diaria y sistemática la Constitución y las Leyes que juraron cumplir y hacer cumplir”.
Son tres argumentaciones falsas porque nada de lo afirmado por los golpistas era verdad en los hechos. Sostener que entonces había una dictadura es una aseveración anti histórica. El gobierno de CAP incurrió en muchos errores, sin duda, pero no actuó como un régimen dictatorial. Tampoco es cierto que se arrogara “todos los poderes del Estado”. Al igual que los gobiernos democráticos elegidos desde 1959 y hasta 1998, el de CAP respetó el Estado de Derecho y la independencia de los Poderes Públicos, tanto que, al final, siendo presidente fue enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia y destituido por el Congreso.
El segundo argumento es -por decir lo menos- absolutamente cínico. ¡Cómo pueden unos golpistas justificar su acción contra la Constitución diciendo que con ello “aseguraban la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”! Eso lo pudieron haber afirmado con propiedad quienes derrocaron la dictadura perezjimenista en 1958 o quienes intenten derribar un gobierno tiránico, siempre que, desde luego, sea para implantar un sistema democrático y de libertades. Pero, obviamente, no era el caso en 1992.
Y el tercer argumento insistía en que el gobierno de entonces violaba -“de manera diaria y sistemática”- la Constitución y las leyes. Quienes vivimos esa época sabemos que también se trata de una exageración. Desde luego, siempre hay violaciones a la Carta Magna y a las leyes en cualquier gobierno. Pero asegurar que se trataba entonces de una violación sistemática es una mentira colosal. Paradójicamente, ahora esas violaciones sí han sido sistemáticas durante el régimen de esos golpistas desde hace 18 años y, lo que es peor, ocurren contra una Constitución redactada y aprobada por ellos mismos.
Sin embargo, la oposición democrática no ha echado mano a esa “justificación chavista del golpismo”, a pesar de que hoy sobran razones si se aplicaran aquellos argumentos de Chávez y su logia militarista en 1992. No obstante, el régimen chavomadurista la acusa a cada rato de “golpista”, sin presentar pruebas y sin la más mínima vergüenza por ser ellos mismos unos golpistas auténticos, que todavía hoy celebran el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 como si fuera una fecha patria.
Entre 1958 y 1998, la República Civil nunca aplazó las elecciones previstas en la Constitución Nacional de 1961, como ahora lo hace el CNE sin vergüenza alguna y con la mayor impudicia. Nunca atentó contra el régimen de partidos, ni puso obstáculos para su legalización y muchísimo menos procuró un régimen de partido único, como pretenden los golpistas que hoy detentan el poder.
(Solamente bajo el gobierno democrático de Betancourt fueron ilegalizados el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, cuando se alzaron contra la institucionalidad, auspiciaron varios golpes de Estado y hasta propiciaron las guerrillas para intentar derrocarlo. Después, ellos mismos han reconocido que aquello fue error garrafal.)
Hoy, cuando el régimen de Maduro insiste en cerrar todas las salidas democráticas, los venezolanos no podemos vacilar en enfrentar esa pretensión, acudiendo a la protesta cívica y pacífica, con presencia masiva en la calle y utilizando las últimas rendijas que aún quedan para avanzar en nuestra larga lucha por la democracia.
@gehardcartay
El Blog de gehard Cartay Ramírez